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Por fin, figuran en el orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados los proyectos de ley que reglamentan el artículo 201 de la Constitución Nacional, relacionado con la pérdida de investidura. Uno da la competencia a la cámara respectiva, el otro a la Justicia Electoral, y el otro dispone que se establezca el procedimiento en el reglamento interno.
ASUNCIÓN.- Tuvieron que pasar 3 semanas desde que la comisión especial presentara sus conclusiones sobre la reglamentación de pérdida de investidura para que, por fin, los proyectos se incluyan en el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados. El tema está previsto en el cuarto punto, en donde están incluidos los 3 proyectos que cuentan con dictamen y, salvo que el presidente Miguel Cuevas no planee otra jugarreta, el pleno decidirá cual aprueba.
Los dos primeros proyectos fueron presentados por la comisión especial, que no consiguió llegar a un consenso en temas muy puntuales como cuál será la institución encargada de juzgar a un legislador. De acuerdo a un sector, debe ser la misma cámara, con el criterio de que ella es juez de sus miembros.
Sin embargo, el otro proyecto refleja lo defendido por los juristas Luis Lezcano Claude y Jorge Bogarín, quienes dicen que el juzgamiento de las cámaras es una atribución que da la Constitución al Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Otro punto que merecerá discusión es el de las mayorías, en el supuesto caso de que gane la postura de que sea cada cámara la que juzgue a sus miembros. De acuerdo a Bogarín, la Constitución establece los casos en los que se utilizarán mayorías calificadas, y al no ser este el caso de la pérdida de investidura, corresponde aplicar la mayoría simple.
El jurista acepta que resulta absurdo que medidas menos duras o definitivas, como el desafuero o la suspensión, tengan que tener mayoría absoluta; pero asegura que, si se pretende establecer lo mismo para la pérdida de investidura, hay que modificar la Constitución.
El tercer proyecto fue el primero en ser presentado en la cámara por la bancada de Patria Querida, y establece un procedimiento rápido para la expulsión de un diputado, modificando, sencillamente, el reglamento interno. Este es el que menos posibilidades tiene de que pueda ser aprobado ya que, al parecer, hay una mayoría que no tiene mayor interés en que se ponga en vigencia el procedimiento, porque varios podrían ser afectados.
EN LA CÁMARA TAMBIÉN EXISTEN LAS CHICANAS
La pérdida de investidura ya debía ser reglamentada por la Cámara de Diputados hace 3 semanas, cuando la comisión especial presentó sus proyectos. De hecho, podía haber sido tratada antes puesto que la conformación de este equipo solo tuvo la intención de dilatar el tema. Pero aun así, el equipo presentó sus conclusiones en el plazo previsto.
Durante las 2 últimas semanas, el presidente de la cámara, Miguel Cuevas, chicaneó el tema, evitando que pudiera ser, primero incluido en el orden del día, y luego, tratado sobre tablas. Y lo hizo utilizando el poder que tiene como titular de Diputados, desconvocando la sesión ordinaria y convocando una extraordinaria, en la que solamente se pueden tratar los temas que están previstos, sin ningún agregado.
El problema que afecta a Cuevas con este tema es que, muy probablemente, él pueda ser también sometido a un proceso de pérdida de investidura, en el caso de que las graves acusaciones en su contra, por supuestas irregularidades cometidas cuando era gobernador de Paraguarí, tengan consistencia y sea imputado por la Fiscalía. Así que, hasta ahora, hizo todo lo posible por evitar el tratamiento de los proyectos pendientes. Puede que hoy terminen sus chicanas.
PARA PORTILLO, NO SE NECESITA LEY
El pedido para que se someta al liberal Carlos Portillo a un juicio de pérdida de investidura, fue solicitado por un grupo de diputados hace más de un mes. Y esta fue precisamente la excusa utilizada por la cámara para resolver conformar una comisión especial, supuestamente porque no podían juzgarlo sin que la figura constitucional esté reglamentada, algo que no le hizo falta al Senado, el año pasado, cuando expulsó a Óscar González Daher.
Pero la paradoja de esta situación se da precisamente porque el motivo que inspiró el proyecto de pérdida de investidura es el único que no podrá ser juzgado por la ley cuando esta, vaya a saber cuándo, esté vigente, porque no tiene carácter retroactivo y el proceso del liberal empezó antes de que se conformara siquiera la comisión mencionada.
Tal como lo dijera el doctor Jorge Bogarín, para juzgar a Portillo solamente hace falta voluntad política, algo que, precisamente, no abunda en la Cámara de Diputados. El liberal está imputado por tráfico de influencias luego de que salieran al aire audios en los que se lo identifica negociando sentencias en casos de magistrados de Alto Paraná.
