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Una semana crucial cerró el Poder Ejecutivo con determinaciones de tinte económico social, cuyos resultados reforzarán políticas sociales en proceso de ejecución. A la modificación de cálculo de reajuste del salario mínimo, suspensión de aguinaldos extras de funcionarios, la reanudación del diálogo con los pequeños productores endeudados y en morosidad, se les agregan el éxito de la campaña de Petropar por bajar el precio de los combustibles y la próxima venta de gas mucho más barato. Sus resultados beneficiarán a sectores menos favorecidos, protagonistas de las políticas en la lucha contra la pobreza.
ASUNCIÓN.- El Poder Ejecutivo remitió el miércoles pasado un proyecto de modificación del artículo 255 del Código Laboral que reglamenta el sistema de cálculo del reajuste del Salario Mínimo (SM). El plan ahora pretende ajustes anuales sobre la base de la inflación acumulada desde el último incremento y el plazo de medición será junio de cada año. En el 2014 fue la última vez que se registró un aumento salarial.
El representante dijo que “a la gente ya no le alcanza el salario mínimo y en teoría tiene que servir para cubrir las necesidades de alimentación y recreación, pero termina siendo el salario máximo”.
SEMANA DE FURIA
El presidente Horacio Cartes atacó desde varios frentes. Uno de los más significativos lo ejecutó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuyo titular, Juan Carlos Baruja convenció a los pequeños productores a retornar a la mesa de negociaciones. Tras una serie de intercambio de nuevos documentos se incluyó a 5.000 deudores al proceso de rehabilitación.
Cerrando la semana, el jefe de Estado emitió un decreto por el cual queda suspendido el pago de gratificaciones extraordinarias a funcionarios de la administración central. Cartes dijo que todas estas determinaciones permitirán incrementar el ahorro que podremos redireccionar a favor de la gente más vulnerable.
Desde el jueves, tres estaciones de servicios bajaron los precios de todos sus combustibles; una suerte de repercusión de la campaña de Petropar de reducir precios al consumidor. Petrobras, Barcos y Rodados y Petrosur ofrecen sus carburantes G. 100 más baratos.
FORMALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SON MATERIAS PENDIENTES
Estudios de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) revelan que el 37,3% de los asalariados del sector privado cobra menos de un salario mínimo. En el sector público solo el 10% de los funcionarios gana menos del sueldo base.
Diputados consultados al respecto señalaron que introducirían algunos elementos en la Ley enviada por el Ejecutivo que exigirían aumentar planes de formalización y de capacitación para incrementar la cantidad de ciudadanos con salario mínimo y beneficios sociales.
Pero las cifras del DGEEC determinan que esto no será suficiente. Destaca que pese a la preparación el 56,8% de la población ocupada con menos de 4 años de estudio no alcanza este ingreso.
El Poder Ejecutivo plantea la modificación de la estructura de reajuste del Salario Mínimo para lograr progresiva equiparación con el movimiento inflacionario; según las explicaciones del ministro del Trabajo, Guillermo Sosa.
Esta repartición creó una mesa tripartita, que tiene a su cargo intervenciones a empresas denunciadas por contratar “en negro” a empleados. Esta mesa está integrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
El diputado Aldo Vera, de Avanza País, viene insistiendo desde marzo pasado en la necesidad de recuperar el valor del salario mínimo y esta vez destacó que “se debe entender que un reajuste debe ser inmediato para que la gente deje de percibir un sueldo de hambre”.
