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Si hay un organismo que hace años recibe todo tipo de críticas este es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Desde que se puso en vigencia hubo quejas de que el colegiado era utilizado por la clase política para presionar a fiscales y jueces, quienes son los que están bajo su arbitrio.
Así que a nadie debiera sorprender que justamente uno de los que fuera su presidente, Florentín López Cáceres, diga que el JEM es una suerte de “Santa inquisición” con la que los políticos tienen injerencia en la Justicia. Según el profesional, bastará una reforma de la ley que reglamenta la institución para que este problema sea subsanado.
Esperemos que así sea, aunque no parece que algo tan sencillo solucione una realidad de años, y es que el órgano juzgador de fiscales y jueces actúe con honestidad, transparencia y Justicia, valga la redundancia, a la hora de que estos sean sometidos ante él, algo que hasta ahora no se ha conseguido a pesar de ser un colegiado que tiene una renovación casi constante, puesto que cada vez que cambia la distribución del poder en la clase política, sus miembros son cambiados.
Hay algunos expertos que consideran que no se puede solucionar el problema modificando una ley, sino que el problema está en la conformación misma del jurado y su forma de elección; esto significa que mientras la designación de sus miembros dependa de los partidos políticos, la connivencia, manipulación y presiones persistirán sin ningún cambio visible.
Esto significa que no es la ley la que debe ser modificada sino la misma Constitución, que es la que habla de la forma de conformación tanto del JEM como del Consejo de la Magistratura, el que también tiene sus críticas, generalmente al conformar ternas de candidatos a ocupar cargos en órganos jurisdiccionales, puesto que sus miembros también son designados por sectores políticos, a los que deben responder.
Pero quizás ni siquiera esto baste para que haya una renovación efectiva, especialmente en el JEM, ante el cual frecuentemente deben ponerse a disposición agentes y magistrados, la mayoría de las veces sin ninguna causa que lo justifique, sino solo por injerencia e interés de algún personaje o sector político que pudiera verse afectado por su trabajo.
Cada vez que un fiscal o un magistrado cumple con su trabajo, se resiste a las presiones y aplica la ley con eficiencia, es denunciado ante el JEM por la parte que se vio afectada y no se salió con la suya al no lograr evadir a la justicia. La excusa generalmente es el mal desempeño de sus funciones pero todos sabemos que el problema está en que en nuestro país, todavía hay demasiada gente que cree que está por encima de las normas vigentes y que puede hacer lo que le venga en gana.
El problema no está en que haya una lluvia de denuncias a fiscales y jueces honestos. El verdadero problema está en que estas son tomadas en serio por los miembros del JEM y, demasiadas veces, las favorezcan, por más notoriamente injustas que sean. Por eso es que pensamos que, más que cambios en la legislación, lo que se necesita es una renovación de personas, y no solamente en el JEM y el consejo, sino en los organismos que son los responsables de elegir a sus representantes para integrarlos.
Mientras se siga nombrando a fulano de tal porque su sector político tiene la mayoría en las cámaras del Congreso, o a zutano porque tiene recursos para hacer campaña entre sus colegas del gremio de abogados, es muy poco lo que va a cambiar y los verdaderamente buenos y capaces seguirán fuera. No es una cuestión de cambio de ley, sino de actitud y objetivos.