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El abogado constitucionalista, Jorge Vasconsellos, señaló este miércoles que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre multas por violaciones a disposiciones sanitarias y penas carcelarias a vacunaciones VIP, debe ser rechazado por improvisado e inconstitucional. Destacó que se requiere de una ley para tener herramientas y proteger a la ciudadanía, pero no cómo se plantea actualmente.
“Tengo mis dudas sobre cuál va a ser a suerte con que va a correr este proyecto a pesar de sus gruesas imprecisiones, gruesas contradicciones y gruesos errores conceptuales. No tomaría ni el 50% de este proyecto como fundamento de una ley que regule esta situación”, manifestó el jurista en una entrevista con el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.
Sostuvo que el proyecto evidencia que el Poder Ejecutivo venía actuando fuera de la ley desde el inicio de la pandemia con las disposiciones sanitarias establecidas y lamentó que se haya puesto “en cuarentena” a la Constitución Nacional desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
Mencionó que es necesaria una ley para establecer el marco regulatorio, pero no el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. A su criterio, una nueva normativa deber ser diseñada para llenar un vacío existente porque el documento actual atenta contra lo establecido en la Constitución Nacional.
Vasconsellos lamentó que a nadie le interese lo establecido en la carta magna, haciendo referencia al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Explicó también que se atribuye al Ministerio de Salud facultades que no debiera tener, como a la apertura de un sumario y establecer multas a las personas que violen las disposiciones.
“Se pretende la creación de tribunales especiales para juzgar faltas administrativas, con la particularidad de que desconoce la vigencia del artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de ser juzgado por jueces y tribunales independientes, imparciales y competentes. Necesitamos que esta iniciativa como tal no prospere”, agregó.
El proyecto prevé sanciones desde cinco hasta 300 jornales mínimos, especialmente en los casos considerados graves, como las fiestas clandestinas y todo tipo de actividades que generen aglomeración y aumente el riesgo de contagio con el Covid-19.
También establece penas privativas de libertad de hasta cinco años a los funcionarios que valiéndose de su cargo lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el Covid-19, además de una prohibición de ocupar cargos por 10 años.
