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Es sabido que en la política contemporánea las sociedades se encuentran muchas veces “entre la sartén y el fuego”. Algunas corrientes políticas no pudieron evitar el naufragio y se repliegan del escenario y las que arriban en su reemplazo son iguales o peores, con los mismos vicios que denunciaban desde el llano, como la corrupción galopante e incumpliendo las promesas de mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Lo que está aconteciendo en Sudamérica es una muestra de ello. El “modelo” implementado por la “izquierda” fracasó y sus más altos exponentes hicieron de la deshonestidad el pan de cada día; en tanto que la “derecha” viene con un legado de grandes “chanchullos” sobre sus espaldas y busca reeditar recetas económicas que en el pasado resultaron desastrosas. Es el caso de la Argentina, que lejos de mejorar empeora y, de manera más patética, el del Brasil, cuyos actuales gobernantes están envueltos casi sin excepción en escándalos monumentales. Venezuela tiene muchos componentes similares, pero tiene otro que lo hace muy distinto, porque ese país, además de lo señalado, enfrenta el reto de sacarse de encima al régimen de Nicolás Maduro que, a diferencia de Cristina y Dilma, hizo papillas las libertades públicas y el Estado de Derecho.
Los sectores autodenominados progresistas cuestionan el hecho de que con Henrique Capriles o Leopoldo López, principales referentes de la oposición, el país caribeño se retrotraería a tiempos del neoliberalismo, que gobernarían para “los ricos”, que se despreocuparía de los “pobres”, etcétera, etcétera. Y todo eso puede ser cierto, pero son simples pretextos para tratar de prolongar la agonía del “chavismo” en el poder, que hoy, con su “socialismo del siglo XXI”, llevó al país a la bancarrota más terrible en décadas, condenando a la hambruna a grandes franjas de la población.
Pero este grave problema, que en el presente ya es de índole humanitario, se combina con la forma grotesca en que Maduro y sus secuaces pretenden aferrarse al poder a cualquier costo. La Constitución venezolana, a iniciativa de Hugo Chávez, contempla la figura del “Referendum Revocatorio” del mandato del presidente, palanca a la que apeló la oposición en la búsqueda de una salida por vías democráticas. Y la respuesta del oficialismo fue primero un no rotundo, después sí, pero en el 2017 y ayer, la formalización de una denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia por supuesto “fraude” en la recolección de más de 2 millones de firmas para activar el mecanismo.
Más claro, agua. A los mandamases “bolivarianos” les importa un pito la Constitución y las leyes, lo cual está sobradamente demostrado. Por eso los gobiernos de América Latina y organismos internacionales como Mercosur, Unasur y OEA no pueden seguir haciendo la vista gorda a la crisis que azota sin piedad a los venezolanos.
Lo que se decida respecto al “Revocatorio” define todo. Si se hace este año y se respetan los resultados, que es lo que defiende Paraguay y por lo que debe bregar con firmeza la comunidad internacional, Venezuela puede encaminarse hacia una salida pacífica a la grave situación por la que atraviesa. Y si no, el espiral de violencia será incontenible y sus consecuencias devastadoras.