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La decisión del Senado, de ratificarse en su proyecto que establece que el trabajador doméstico tendrá derecho al 100% del salario mínimo legal y vigente, vuelve a poner en el tapete el alto nivel de discriminación que tiene la ciudadanía y que es socialmente aceptado como si fuera algo normal y no una actitud cuestionable y vergonzosa de quienes siguen insistiendo en dividir al país en categorías, dejando sin derechos y sin oportunidades a quienes, según ellos, están en el escalón más bajo.
Todavía hay una mayoría que ve a la “muchacha” como alguien inferior, que está a su servicio y total arbitrio, sin merecer ningún otro derecho que el de intentar sobrevivir con las migajas que se le tiran y un salario de hambre. Y esto no es extraño si hasta hace poco tiempo nomás todavía funcionaba el criadazgo, esa mala costumbre de traer niñas y niños del interior para que “jueguen” con los hijos de los patrones, pero que terminaban siendo esclavos, sin sueldos y sin ningún derecho.
Dicen los que se indignan por el salario mínimo que las empleadas domésticas ganan mucho más, ya que, además del sueldo reciben casa y comida; algunos incluso mencionan que les dan desayuno, almuerzo y cena, lo que deja a las claras que las fámulas trabajan mucho más que las 8 horas permitidas por ley, y hacen las veces de esclavas, ya que tienen que estar a disposición las 24 horas del día, a cambio de uno libre a la semana.
Esto nos describe tan bien como esa sociedad hipócrita y pacata, que vive de las apariencias y no tiene problema en bajar la cabeza ante los poderosos que le roban plata, futuro y sueños, pero que actúa con violencia en contra de los más pobres, los marginados, como si ellos fueran los culpables de la permanente lucha en la que debe vivir.
Nuestro país debe ser el último que recién ahora hace una ley en la que protege el trabajo doméstico y le da la misma dignidad que tienen los demás trabajadores del país (por lo menos quienes ganan el mínimo, que no llegan ni al 50% de la clase trabajadora). El resto de la comunidad internacional hace tiempo que dignificó a estas trabajadoras, dándoles un salario adecuado a sus necesidades.
Ser pobre en Paraguay es una desgracia. Peor aún, es un delito. Las personas que deben sobrevivir en la penuria de las inundaciones, sin techo, sin tierra y sin posibilidad de dar una vida digna a sus hijos, no solamente tienen que soportar los golpes propios de su condición, sino además la intolerancia y la discriminación de quienes piensan que están por encima de la pobreza, a la que criminalizan porque no tienen los pantalones necesarios para enfrentar a los verdaderos criminales que están protegidos en un manto de impunidad y de permisividad ciudadana.
Muchas cosas cambiarán ahora con el nuevo salario mínimo para el trabajo doméstico. Aunque pataleen y se quejen, los que no puedan pagarlo tendrán que acostumbrarse a limpiar su suciedad y arreglar su desorden, lo cual podría hasta redundar en un beneficio para ellos.
Y para las empleadas, la cuestión es inmejorable. Ya no habrá 24 horas de trabajo ininterrumpido, sin derechos, sin seguro médico, sin tiempo para estudiar, ni para vivir. Ahora podrán trabajar y cobrar por horas, en diferentes lugares. Y se convertirán en lo que siempre tuvieron que ser, personas iguales al resto, con los mismos derechos y las mismas oportunidades.