Carolina Llanes, exinterventora de la municipalidad de Ciudad del Este.
Inicio / Impreso / Cada vez son más los actos ilegales de la interventora

Cada vez son más los actos ilegales de la interventora

La Municipalidad de Ciudad del Este se encuentra a la deriva y cada vez son más los actos ilegales cometidos por la interventora, Dra. Carolina Llanes. Hasta el momento fueron dos las denuncias presentadas en contra de su gestión; la primera fue realizada por los concejales, municipales, la segunda por los funcionarios y la tercera sería presentada el próximo martes por la intendenta suspendida Sandra McLeod. Según el abogado Eduardo González, será por lesión de confianza y exacción. Llanes se expone a 10 años de cárcel y más, sostuvo.

ASUNCIÓN.- El Dr. Eduardo González explicó que hasta ahora hay dos denuncias presentadas en contra de Llanes y una tercera será presentada el próximo martes. Mencionó que la primera fue por producción de documento no auténtico y fue realizada por los concejales municipales. Refirió que ella fue designada por el Poder Ejecutivo el día 3 de diciembre del año pasado y al día siguiente presentó una nota a la Corte Suprema de Justicia pidiendo el comisionamiento a la institución del funcionario judicial, José Luis Clerch, por el hecho de ser un opositor a la familia Zacarías en Ciudad del Este.

Según  el Dr. González, lo grave del caso es que Llanes manifestó en su nota que el pedido tenía la autorización de la Junta Municipal. Sin embargo, los ediles aseguraron que nunca se reunieron para tratar el tema y la denunciaron por producción de documento no auténtico.

Referente a la segunda denuncia, dijo que la Ley 317 es la que reglamenta las intervenciones de las gobernaciones y municipalidades. Señala que la interventora nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo representa al presidente de la República, por lo tanto no tiene todas las atribuciones que le da la Ley 3966 a la intendenta, solamente puede ejercer la dirección de los recursos humanos, realizar la ejecución presupuestaria y limitarse a la investigación. Sin embargo, ella se extralimita en todo y la propia normativa refiere que está prohibido que despida a los funcionarios.

DESPIDOS ILEGALES

Destacó que Llanes, “sin ningún escrúpulo”, despidió a 93 personas. Ante esta situación fue también denunciada directamente por los afectados, entre los que se encontraban discapacitados, trabajadores antiguos, hasta con 21 años en la institución y que estaban trabajando, entre otros.

El abogado de la intendenta lamentó que estas dos denuncias la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este -como el Ministerio Público y el Poder Judicial están proclive a congraciarse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez- remiten a Asunción, para que la fiscal General, Sandra Quiñónez, determine quien tiene que investigar. “El principal objetivo sería dilatar la causa en contra del Llanes”, refirió.

Por otra parte, mencionó que la Junta Municipal le otorgó a la interventora el poder para realizar descuentos y exoneraciones a los contribuyentes hasta el 12%. Sin embargo, anteriormente estaba vigente una Ordenanza Municipal del 2013 que establecía los reglamentos para otorgar esos beneficios.

Indicó que también la Ley 3966 de la ley Orgánica Municipal manifiesta que solamente pueden ser beneficiados con el descuento del 12% aquellos contribuyentes que están al día en el pago de sus tributos. Incluso la persona para pedir el descuento tenía que pagar un canon de G. 50 mil, pero son más de 2.747 tributarios, que gracias a este tema dejaron de pagar el referido monto, lo que ocasionó un perjuicio de G. 135 millones solamente en este concepto que dejó de percibir la Municipalidad.

EXISTEN PRUEBAS

El Dr. González ratificó que lo peor del caso es que existen pruebas de varias personas que no estaban al día con sus impuestos y tuvieron el descuento de más del 12%. “Esas decisiones que Llanes adoptó con su equipo administrativo y financiero, le costó a la municipalidad más de G. 5.000 millones”, afirmó.

Por otra parte, señaló que la interventora dijo que no puede hacer un préstamo para cumplir con los compromisos, pero es mentira por que la Ley 3966/10, en de su artículo 196, le permite a la Municipalidad solicitar los créditos. Lo que no contó es que ella pidió a la Junta realizar un préstamo, pero lo hizo de mala forma y fue rechazado, señaló.

“Todo esto motivó para que la intendenta suspendida, esté preparando la denuncia contra Llanes, porque hasta ahora Sandra McLeod sigue siendo la intendenta de Ciudad del Este y tiene que velar por los intereses de la Municipalidad”, concluyó González.

EXJUEZA PODRÍA DEJAR LA COMUNA EN QUIEBRA

El Dr. Eduardo González, uno de los representantes legales de la intendenta suspendida de Ciudad del Este, Sandra McLeod, señaló que la interventora de la Municipalidad, la Dra. Carolina Llanes, con los descuentos que de más de G. 5.000 millones que hizo a los contribuyentes, puede dejar la comuna en quiebra.´

Manifestó que además ella trajo consigo unas 20 personas y nadie sabe quien les va a pagar sus haberes. “Existen un montón de irregularidades y ella dentro de unos días tiene que retirarse de la Municipalidad y en unos meses más la institución no tendrá nada más que recaudar y se va a quedar sin fondos, por ende tanto los funcionarios, los proveedores, los ediles, entre otros ya no van a poder cobrar”, apuntó.

Según González, “con esto la interventora demuestra su total incapacidad, arbitrariedad, inoperancia y que está mal asesorada. Además, es una gran mentirosa”.

Mencionó como ejemplo que si ella hacía el préstamo de G. 8.000 millones, al 15%  hubiera pagado solo un interés de G. 400 millones. Pero hizo mal su pedido ante la Junta y no lo volvió a realizar y ahora con los descuentos ocasionó una pérdida de más de G. 5.000 millones al municipio.

Comentó que será denunciada por lesión de confianza, porque según la ley de intervención, ella es personalmente responsable civil, administrativa, política y penalmente de todo lo que hace. “Fue nombrada por el Ejecutivo para proteger un bien patrimonial, pero en cambio perjudicó por más de G. 5.000 millones”, dijo. Destacó que lesión de confianza es un hecho agravado y está castigado con 10 años de pena privativa de libertad.

Commentarios

comentarios

Mira también

Afirman que acusaciones de EEUU contra Cartes y Velázquez son de índole político

ASUNCIÓN. El senador Fernando Silva Facetti señaló este miércoles que las sanciones financieras impuestas por …