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ASUNCIÓN.- Con una serie de interrogantes el abogado Luis Villamayor puso en duda todas las afirmaciones incluidas en el informe de Arregui entregado al presidente de la República, relacionadas a las gestiones de Eddie Jara Rojas, antecesor de Patricia Samudio.
“¿En qué datos se basó (Carlos) Arregui para su auditoría?”, comenzó la lista de cuestionamientos que concluyó con reclamos al no incluir las irregularidades perpetradas por la actual administración de la compañía petrolera. Destaca que las explicaciones de Jara Rojas “no tienen desperdicio y desnudan al dichoso informe Arregui, no aporta documentos a lo que acusa”.
“Está en su informe la compra irregular de 4.000 toneladas de GLP de Copesa (de Pedro Ballota), competencia de Petropar, a US$ 100 más por tonelada, en lugar de comprarlo de su proveedor boliviano habitual?, ¿Que opina de eso, otra ‘desprolijidad’?”, apuntó Villamayor.
Elevó la puntería en sus consideraciones y disparó sus críticas contra el mismo presidente de la República. “Esta ‘auditoría’ de Carlos Arregui pasará a la historia como una de las peores y más vergonzosas jugarretas que pudiera haber tramado un presidente. Espero que (el informe) tenga la firma de Arregui porque vendrán tiempos más decentes en el Paraguay”, adelantando posibles acciones legales contra el exconcejal de Asunción, devenido a abogado de transparencia contratado por el jefe del Ejecutivo.
Agregó en a su cuestionamiento el caso de desvío de recursos a bancos privados ordenado por Samudio: “Consulta para el auditor Arregui: está en su informe el tema de los depósitos ilegales? ¿Se violó o no la Ley de Presupuesto y el Decreto vigente al depósito de más de US$ 30 millones a bancos privados?”.
Exige a la auditoría que investigue “la venta innecesaria de combustible a bajo costo, antes de la suba, pudiendo mantenerlo y no elevarlo, ya que en diciembre 2018 se normalizó nuevamente”. Agrega que se debe extender pedidos de datos tributarios para conocer si esa operación tributó al fisco.
Apunta que esa operación pudo haber arrojado pérdidas no solo al Estado, sino también “para el bolsillo de la gente, ya que este carburante pudo haber tenido destino de las estaciones de la compañía que cumplen un rol social regulando el precio”.
