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Una de las grandes deudas que tiene el Senado con la ciudadanía es el juicio político a 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia, los liberales Sindulfo Blanco y Óscar Bajac, y el colorado César Garay Zuccolillo, acusados por Diputados en noviembre del 2014 por varios delitos que hacen que su permanencia en el máximo tribunal sea una bofetada a la honestidad y a la coherencia.
ASUNCIÓN.- A mediados del 2016, y luego de que pasara más de un año de la acusación de los diputados, pareció que se iba a solucionar el problema que empezó desde que el libelo acusatorio llegara al Senado, sencillamente porque entre disidentes y sectores de la oposición habían decidido que no permitirían la renovación judicial; oficialmente, porque no les parecía que fuera más que un cambio de nombres, pero en el fondo, el motivo real es que los ministros acusados tenían en su poder expedientes que interesaban a los senadores.
En junio del año pasado se aceptó que los tres ministros fueran juzgados por separado, algo exigido por la disidencia, y la bolilla recayó en Blanco, como el primero. Pero solo se realizó una sesión, en la que los fiscales designados por los diputados, presentaron las pruebas de la acusación en su contra. A partir de allí, el circo fue en aumento. Una y otra vez se convocó a sesión extra para continuar el proceso y escuchar a la defensa de Blanco, y ninguna de esas veces hubo quórum para sesionar.
Y no sabemos si esto fue mejor o peor. Ya que sesionar para luego no tener los 30 votos necesarios para condenarlo en el momento de dictar sentencia, solo serviría para blanquear a un ministro cuestionado y con actitudes muy cuestionables e ilegales.
Así terminó el 2016 y nadie sabe qué pasará este año. Ni siquiera se ha podido juzgar a Blanco, así que es muy difícil imaginar que los otros dos, Bajac y Garay, puedan sentarse en el banquillo de los acusados. En conclusión, esto parece que irá al opa reí y los tres ministros acusados seguirán ocupando sus sillas en la Corte, como si fueran blancas e inocentes palomas.
Esta es una grave situación a la que la disidencia colorada, con su extraño contubernio con sectores de la izquierda, expuso a la ciudadanía. Lo peor es que esto ha contribuido a que aumente el descrédito del Senado, puesto que a lo largo del año se sucedieron denuncias de que varios legisladores utilizaban el juicio político como moneda de chantaje a los ministros de la Corte.
