ASUNCIÓN. Todo empezó cuando la secretaria de la Sala Civil, una funcionaria de nombre Pierina Ozuna, le presentó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez, la fotocopia de una supuesta sentencia “que tenía firmas apócrifas”, según el mismo ministro, que confirmó que dicha resolución no existe.
Al informar la irregularidad, Jiménez dijo que “las firmas son claramente falsificadas, ya que son bastante distintas a las auténticas de los ministros a los que se atribuyen”.
Ante esta situación, el Consejo de Superintendencia de la CSJ ordenó la apertura de un sumario administrativo y denunció ante la Fiscalía la falsificación de las firmas de los ministros Alberto Martínez, César Garay y Miryam Peña, en una sentencia supuesta.
La instrucción de sumario es contra personas innominadas, para “la averiguación, comprobación y esclarecimiento de supuesta falsificación del “Acuerdo y Sentencia N° 106 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación al juicio caratulado «Inversora Nanawa S. A. c/ Benito Benhur María Sweb y otro s/ Usucapión”, según la orden.