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Sostienen que el pedido de juicio político al contralor general de la República, Enrique García, sería parte de un supuesto plan de “copamiento institucional” por parte del “cartismo” y, con dicho argumento, liberales y luguistas se proponen “blindarlo”. El justificado no puede ser más pobre. Aunque sea hubieran ensayado algún pretexto que sonara más razonable, como por ejemplo, que recién fue imputado, que ni siquiera está acusado, etcétera, etcétera. Pero no. Lo dijeron sin rodeos: “Preferimos a nuestro corrupto, en vez de correr el riesgo de que su reemplazante pudiera ser afín a Horacio Cartes”, lo cual, mal que les pese, los convierte en cómplices del alto funcionario.
El tema ingresará hoy al pleno de la Cámara de Diputados, a iniciativa de los legisladores del Partido Colorado. En filas liberales la posición mayoritaria sería partidaria de no dar curso a la acusación, paso previo al enjuiciamiento político, que es potestad de la Cámara de Senadores. Los diputados Amado Florentín y Edgar Ortíz ya se pronunciaron en este sentido, agitando como pretexto el “cuco” de presunto proyecto de “copamiento”.
La lógica, así como las prácticas políticas no divorciadas de los principios morales, indican que lo correcto, por parte de los diputados,es debatir en primer lugar si corresponde o no sentar al contralor en el banquillo, considerar los cargos formulados en su contra y si son consistentes, escuchar lo que García dice en su defensa, para recién entonces pronunciarase. Pero eso no parece importar a sus protectores, quienes pretenden eximirlo de toda responsabilidad, con los ojos cerrados, de los hechos por los cuales fue imputado, absolutamente incompatibles con el papel que desempeña un Contralor General de la República.
Resulta inaceptable que los legisladores liberales no consideren el contenido de la imputación, que forma parte del libelo acusatorio presentado por sus pares de la ANR. En ambos se destaca que cuando García era asesor de la Municiaplidad de Asunción, incurrió nada menos que en el presunto delito de producción y uso de documento público de contenido falso, para encubrir la omisión de no haber apelado a tiempo una acción judicial en contra de la comuna. Se trata de la demanda promovida por la firma Ivesur, encargada de la inspección técnica vehicular, como resultado de la cual los asuncenos deberán desembolsar la suma de 3,6 millones de dólares.
Es esto lo que deberían evaluar los diputados del PLRA, al igual que los legisladores pertenecientes a potras facciones de la oposición, como los del Frente Guasu, cuyos senadores también anunciaron que no acompañarían la destitución del contralor, en el caso de que éste fuera sometido a juicio político.
La teoría del “copamiento” aparece así como una simple excusa, carente de fundamentos, aún si existiera dicha intención por parte del “super podoroso” cartismo que, por si no recuerdan, fue derrotado en la interna colorada y no es el que encabeza el proyecto oficialista.
Las distintas fuerzas políticas se pondrán nuevamente a prueba a la luz del tema en cuestión, al demostrar en los hechos, no en los discursos, cuánto hay de coherencia en los constantes llamados que formulan para combatir la corrupcción.
A decir verdad, la cuestión no debería resultar tan compleja. En términos metafóricos, el contralor tiene a su cargo el cuidado de un enorme gallinero (el Estado), por lo que nos iría muy mal si confiamos en un zorro para el cumplimiento de semejante tarea.