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CIUDAD DEL ESTE.- El Ministerio Público inició una investigación contra funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Fue luego de una denuncia presentada por el ciudadano Miguel Patrocinio Merlo Otazú, en su carácter de presidente de la comisión vecinal del asentamiento “Buena Vista” del kilómetro 28 Monday de Minga Guazú.
La pesquisa está a cargo de la agente fiscal Cinthia Leiva Cardozo, de la Unidad Penal número 2 de Ciudad del Este. La acción penal afecta a Aldana Monserrat Miranda Gaona y Gustavo García, de la gerencia de desarrollo. Los citados, según la denuncia, habrían estafado más de 45 millones de guaraníes a 107 personas de la referida comunidad.
De acuerdo con los antecedentes, en abril pasado, la comisión directiva del asentamiento se reunió con García y éste designó a la funcionaria a su cargo, Aldana Monserat, para que realizar un trabajo topográfico en el kilómetro 28, cobrando la suma de 32 millones de guaraníes por su servicio.
Igualmente, la funcionaria habría cobrado la suma de 130 mil guaraníes a los 107 ocupantes, supuestamente para pagar a INDERT la expedición de comprobantes de recepción, sufriendo otro perjuicio de 13.910.000 guaraníes. El monto total de la supuesta estafa alcanza la suma de 45.910.000 guaraníes.
Los integrantes de la comisión vecinal recurrieron tiempo después a la sede central del INDERT, oportunidad en que Aldana Monserrat les entregó 52 comprobantes, pero luego de verificar en Mesa de Entrada de la institución, se percataron que los números de documentos fueron clonados y que corresponden a otras localidades del departamento de Alto Paraná.
Asimismo, mediante averiguaciones realizadas detectaron que los funcionarios ahora denunciados no estaban autorizados a realizar el trabajo topográfico, y que el cobro fue irregular. inmediatamente realizaron la denuncia en la Asesoría Jurídica de la institución y ahora radicaron la acción penal en la Fiscalía, exigiendo el castigo de los presuntos responsables de los hechos punibles mencionados.
