Artículos relacionados

ASUNCIÓN. Ya son 35 las empresas privadas que presentaron acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 6355 por la cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos por parte de los proveedores del Estado.

El alegato de la acción sostiene que la Constitución Nacional solo contempla que los funcionarios públicos están obligados a presentar declaración de su patrimonio.

Mencionan que la ley es inaplicable porque en términos prácticos es imposible por todo el volumen de documentación requerido.

Ese volumen de información a recabar y que debería entrar en la Contraloría no solo alcanza a los proveedores, también a los concesionarios, los que hacen servicios, y los entes que reciban fondos pero no tengan fines de lucro, manifiestan,

Los sostenedores de la ley, en tanto, invocan la transparencia que debe tener el proceso de provisión de bienes y servicios al estado paraguayo. Y que con la legislación se aborta maniobras como las empresas de maletín que, sin mostrar documentación sobre su patrimonio, acceden a licitaciones de dudosa definición.