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La sola idea de que se esté presionando a la Fiscalía para que cambie la carátula del caso del diputado Ulises Quintana, a fin de que obtenga medidas sustitutivas, es inadmisible puesto que el trabajo del Ministerio Público no puede tener injerencia ni política ni mediática, según el abogado Juan Sosa Bareiro, quien también criticó la posibilidad de una comisión del Senado que acompañe las investigaciones.
ASUNCIÓN.- La Fiscalía tendría que independizarse de cualquier tipo de presión mediática y política y tendría que hacer su trabajo conforme a lo que encuentra en el expediente, sin tener ningún tipo de injerencia de parte de la clase política y de la cuestión mediatizada de algunos medios con intereses particulares, afirmó el profesional cuando le consultamos sobre los rumores de que se intentaría cambiar la carátula del expediente.
Hace unos días empezó a correr la versión de que existiría una fuerte presión a los fiscales de la causa, a fin de que cambien la carátula del expediente de Quintana, quien está imputado por crímenes (no por delitos), que, por su gravedad, le impiden que pueda recibir medidas sustitutivas y deberá guardar prisión preventiva.
El diputado abdista está imputado por tráfico de drogas, como cómplice; lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y tráfico de influencias, que superan los 5 años de cárcel, lo que hace que el entorno político del legislador presione al Ministerio Público a fin de que aligere los hechos.
Los hechos por los que está imputado Quintana “son crímenes, y como tales, tienen que ser juzgados con la medida que la ley establece. Ni un poco más, ni un poco menos. No podemos nosotros, por amistad, por cercanía o por conveniencia, pretender alterar el espíritu del texto legal, tanto del Código Penal como la Constitución”, manifestó Sosa Bareiro.
Y añadió que “aquí nadie quiere que otro pague, ni un poco más ni un poco menos, sino lo que la ley establece. Para que el Estado de Derecho funcione tendría que ser así”.
En cuando al planteamiento del trucho que ocupa una banca en el Senado, Rodolfo Friedmann, quien planteó que se conforme una comisión legislativa para “acompañar” las investigaciones fiscales, el abogado respondió que eso “no solamente sería injerencia sino que es bueno que (Friedmann) sepa que existe un órgano habilitado constitucionalmente para la investigación de los hechos punibles y se llama Ministerio Público”.
“Si la Constitución hubiese querido que existan órganos que acompañen, así lo hubiese establecido. Mientras que eso no se dé, estaríamos, no solamente ante una injerencia, sino ante un ilícito. No se puede crear una comisión que venga a suplir la función establecida constitucionalmente a otro órgano del Estado”.
NO ESTÁ PRÓFUGO PERO NO SE LO ENCUENTRA
El “pobre perseguido político” Ulises Quintana, diputado abdista desaforado, está prófugo desde hace 5 días, aunque sus abogados insistan en que no lo está. El miércoles pasado prometió ponerse de manera inmediata a disposición de la Fiscalía, pero no lo hizo hasta ahora. Si el jueves 21 no se presenta para la audiencia de imposición de medidas, será declarado en rebeldía y se ordenará su captura nacional e internacional.a
La actitud de Quintana es bochornosa, para él y para el Movimiento Colorado Añetete, del cual es un activo militante. Es una vergüenza que, después de mostrarse como un inocente perseguido, víctima de quién sabe qué planes del Ministerio Público, y prometiendo que se entregaría de inmediato porque nadie más que él quería que se investigue el caso y se descubra su inocencia, lleve escondido como rata 5 días.
Porque aunque uno de sus abogados (tiene más, aunque es “mboriahu”), Rodrigo Estigarribia Amidei, insista con que su cliente no está prófugo sino que no se entrega porque está planificando su defensa, lo cierto es que la policía no lo encontró en ninguno de los lugares que le pertenecen, inclusive un lujoso departamento en uno de los edificios más caros de la capital. Así que sí está prófugo.
Tanto Quintana como sus defensores han dicho varias mentiras en estos días, especialmente a lo relativo a su puesta a disposición de la Fiscalía para que se pudiera continuar con las investigaciones. El problema principal es que la gravedad de los crímenes por los que está imputado no permiten que fuera beneficiado con medidas sustitutivas, sino que debe guardar prisión preventiva, y esto es lo que le tiene desesperado y buscando de cualquier manera librarse del hecho de que deberá estar recluido en una cárcel mientras dure todo el juicio y haya una sentencia.
El jueves próximo, a las 8, el diputado abdista desaforado deberá comparecer ante el juez penal de Garantías Rubén Ayala Brun, para la audiencia de imposición de medidas. Como está imputado por tráfico de drogas, como cómplice, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero, del despacho del juez deberá ser llevado ya al lugar en donde guardará reclusión.
Sus abogados dicen que se presentará antes de ese día, pero si no lo hace será declarado rebelde a los mandatos de la Justicia y se ordenará su captura nacional e internacional.
