ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN.- El concejal municipal, Orlando Fiorotto (ANR), enciende de vuelta la alarma con relación a la tercerización de la gestión tributaria, que lleva adelante el intendente Mario Ferreiro. Dijo que “está a punto de atropellar unas 144.000 cuentas corrientes catastrales de los contribuyentes”.
Informó que están aguardando hasta si se quiere impacientes el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre la Acción de Inconstitucionalidad, que presentaron, con la concejal Rossana Rolón.
“Esperamos que se dictamine, porque mientras aguardamos eso presentamos también una medida cautelar de paralización de la ejecución de este plan nefasto”, manifestó Fiorotto.
Se refiere a la tercerización de los tributos, que la administración de Ferreiro entregará a una empresa panameña, “consorciada con una paraguaya sin experiencia”, dijo el edil asunceno.
Explicó que la inconstitucionalidad planteada es por la violación del Art. 36 de la Carta Maga. Dijo que Mario Ferreiro no tiene atribución entregar la base de datos de los contribuyentes al sector privado. Relató lo que establece el artículo aludido: “El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas o de cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley”.
Agrega la normativa: “siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades y la ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios”.
Orlando Fiorotto también señala que se viola el Código Civil y la Carta Orgánica de la comuna.
“Mario Ferreiro no tiene derecho alguno, atribución de carácter constitucional ni legal, de entregar la base de datos de los contribuyentes al sector privado”, sentenció el concejal colorado.
