Miércoles , noviembre 21 2018
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Al pie del árbol de Navidad

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Por: Abog.  Jorge Rubén Vasconcellos
Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

El fin de un año, y el inicio de otro, no es más que un episodio cíclico, que representa el momento en que la tierra completa una vuelta en su órbita alrededor del sol, sin embargo, desde tiempos inmemoriales, se ha convertido en motivo de  trascendente celebración en la vida de los hombres.

Más allá de que, otras culturas y religiones no participan de la celebración, ni se rigen por el calendario Gregoriano, y tengan otras fechas de celebración, todos coinciden en elaborar un recuento y balance del año que termina, e imponerse metas, expresar deseos y elaborar proyectos para el año que se inicia.

Si dedicados a esa tarea, sometemos a examen los logros y fracasos de nuestro sistema judicial, debemos de coincidir, que los eventos registrados durante el año que concluye, no pueden arrojar un resultado positivo.

El número – cada vez más creciente – de presos sin condenas, constituye uno de los déficits más importantes de una Administración de Justicia que no ha sabido cumplir con el rol que la Constitución Nacional le asigna.

En medio de ello, la mora y la corrupción, continúan gozando de buena salud, al punto que en los últimos meses se ha desatado – quizás – uno escándalos más representativos del nivel de putrefacción al que podría llegarse, cuando tomó estado público la injustificada e injustificable obstrucción provocada por un magistrado procurando que un recluso condenado por narcotráfico sea trasladado desde su lujosa celda, a otro sitio de mayor seguridad.

El escándalo producido, además del cambio de la entonces ministra de Justicia, no arrojó otro resultado. Hasta hoy, ningún procesado y menos, condenado.

Poco después, comenzaron a aparecer exhortos librados por la Justicia Brasilera, por los cuales solicitaba colaboración judicial para la persecución de delitos similares, que habían sido cajoneados, congelados o como quiera llamarse, y cuando todos esperábamos que aquellos mismos fiscales que se han mostrado rigurosos e inflexibles con ladrones de gallinas o lechugas, que protagonizaron pomposas conferencias de prensa para alardear de sus logros en la lucha contra la delincuencia, desviaron la mirada, y –una vez más– se dedicaron a perseguir subalternos.

El año que termina, nos deja el sabor amargo de una terrible realidad que nos ilustra con toda crudeza como vamos perdiendo en la batalla por la ética, la moral, la decencia, el derecho y la justicia.

El crimen organizado y las grandes organizaciones mafiosas transnacionales han avanzado, desplazándose desde las fronteras, donde tradicionalmente operaban, sentando plaza en la Capital de la República, ocupando espacios, nada menos que en la sede central del Poder Judicial.

Cuando creíamos que la infiltración de la mafia en las actividades político-partidarias era el límite de la expansión de estos grupos criminales, dando origen a lo que fue bautizado como narco-política, pudimos constatar –en el año que concluye – la aparición de una nueva especie: los narco-jueces.

Es cierto que con anterioridad se han dado casos de jueces y fiscales salpicados por hechos de corrupción vinculados con esta actividad delictiva. Pero, es cierto también que la acción de la Justicia no resultó eficiente y aleccionadora con estos y otros escándalos de corrupción.

En el recuento general de los últimos quince o veinte años, encontramos tres, o a lo sumo cuatro fiscales procesados y condenados a penas menores, por hechos de corrupción, a pesar de que ésta sea una práctica extendida y profundamente arraigada. Jueces condenados, no recuerdo.

Es que la vara utilizada por la Justicia para medir la gravedad de las inconductas de sus miembros, es distinta a la que se aplica al resto de los ciudadanos. Una verdadera corporación judicial genera los medios necesarios para repartir impunidad, indulgencia y complicidad.

Mientras tanto, el Fiscal General del Estado y los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, dedican tiempo y esfuerzo a organizar y participar de cuanto acto público tengan al alcance de la mano, desarrollando actividades que podrían hacer avergonzar a más de un político.

La página web oficial de ambas instituciones, y sus cuentas en redes sociales se parecen más a las páginas sociales de medios de prensa escrito, que a instrumentos modernos destinados a hacer saber a la ciudadanía el resultado de la labor que específicamente corresponde a cada una de ellas,  al contrario de lo que ocurre con los sitios de internet y canales televisivos del Poder Judicial en otros países de la región y el resto del mundo.

Al cerrar el balance del año que concluye, el sistema judicial arroja un balance negativo y extremadamente peligroso para la ciudadanía, la democracia y la forma republicana de gobierno que hemos adoptado como sistema de vida y método de convivencia social.

Resulta necesario reflexionar sobre la situación que atravesamos, para que nuestras autoridades tomen conciencia de la necesidad de encarar una reforma profunda de la estructura del sistema judicial paraguayo.

Es hora que se percaten que corren el riesgo de perder hasta los pequeños privilegios que ostentan, si sigue el acelerado deterioro de nuestra Administración de Justicia, y que, la corrección de estos graves problemas no se obtendrán como un regalo puesto al pie del arbolito de navidad, sino que requerirán de mucho esfuerzo, honestidad y patriotismo.

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