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CARACAS, Venezuela.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ratificó a los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron destituidos por el Parlamento opositor e impugnados por la exfiscal Luisa Ortega.
Se decreta “ratificar en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los magistrados y magistradas principales del Tribunal Supremo de Justicia sin perjuicio de otras medidas que puedan ser adoptadas por esta magna Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, dijo el Constituyente Aristóbulo Istúriz.
La decisión fue tomada minutos después de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, se subordinara a la Constituyente que alega su carácter plenipotenciario para ordenar esta ratificación.
Asimismo, la Constituyente pidió al Poder Judicial “presentar con urgencia (…) las propuestas de medidas, acciones y normas necesarias para continuar incrementando y profundizando el respeto y garantía del derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial”, así como para “el mejor funcionamiento del poder judicial”.
Según el decreto de la Constituyente, el TSJ ha desplegado “grandes esfuerzos” para resguardar los “altos fines del Estado”, los valores constitucionales y la garantía de los derechos humanos.
El pasado 21 de julio, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, designó a 33 magistrados “legítimos” para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, debido a que, según aseguró la Cámara, fueron juramentados de forma irregular.
Ante este nombramiento de jueces paralelos, el TSJ pidió que se aplicaran “acciones de coerción”, tanto contra el Parlamento como contra los magistrados designados, a quienes calificó de “usurpadores” y varios de los cuales han sido detenidos o han abandonado el país para evitar ser apresados.
La Asamblea Constituyente anunció que devolverá a la justicia ordinaria los casos de los civiles detenidosdurante las protestas que fueron llevados ante tribunales militares, una práctica rechazada por organizaciones de defensa de los derechos humanos aplicada a cientos de personas.
Según Delcy Rodríguez, presidente de este suprapoder conformado solo por personas leales al Gobierno, la decisión se ha tomado a petición del presidente, Nicolás Maduro, que ha solicitado que “sean declinados ante la jurisdicción ordinaria” aquellos casos llevados hasta ahora “ante la jurisdicción militar”.
“Nosotros daremos inmediatamente ejecución a esta solicitud instrumentándola a través de la Comisión de la Verdad”, explicó la ex canciller, en referencia a la comisión creada por la Constituyente para castigar a quienes el oficialismo señala como responsables de los actos violentos que se han desatado en manifestaciones contra el Gobierno.
La organización pro derechos humanos Foro Penal cifra en más de 600 el número de civiles que han sido presentados ante tribunales militares desde que comenzaran las protestas contra Maduro el pasado 1 de abril. Infobae
