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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sede Ciudad del Este, inició una campaña para cortar las conexiones clandestinas en los distintos barrios de la capital departamental. En el primer día de trabajo, realizaron el corte del suministro de energía a 125 viviendas con conexiones clandestinas. Según datos de la institución, cada transformador abastece a unas 50 a 60 casas, de las cuales, el 40% poseen conexión clandestina.
CIUDAD DEL ESTE.- El ingeniero Juan Rozzano, jefe del Dpto. Comercial de la sede regional de la ANDE, comentó que este tipo de acciones van a continuar durante los próximos meses, ya que la idea es optimizar el servicio a los usuarios.
El primer día de la campaña fue realizado el miércoles en los barrios Santa Ana, donde constataron 93 conexiones no autorizadas y procedieron a cortarla. Igual procedimiento se desarrolló en la fracción Los Abuelos del barrio Don Bosco, donde hallaron 32 conexiones clandestinas.
Rozzano puntualizó que la finalidad de este tipo de campañas “no es dejar sin el servicio eléctrico a estas personas, sino que mediante este trabajo, ellos puedan formalizarse y contar con una conexión autorizada”.
En ese sentido, mencionó que invitan a estas personas a acercarse hasta el ente “para recibir asesoramiento, debido a que en muchas ocasiones, no tienen conocimiento de cómo hacer para tener un medidor y nosotros les brindamos ese apoyo”.
De acuerdo con los datos de la institución, cada transformador abastece a unas 50 a 60 viviendas, de las cuales, el 40% corresponde a conexiones no autorizadas, lo que termina afectando a los clientes que sí cuentan con un medidor, ya que la sobrecarga en las líneas, termina provocando los cortes de energía eléctrica.
El ingeniero destacó además que esta situación no sólo afecta a familias de escasos recursos, sino que confirmaron que incluso las personas en situación económica favorable, tienen conexiones clandestinas.
Por otra parte, recordó que la sustracción ilegítima de energía eléctrica es un delito penal, que tiene una sanción de hasta tres años de pena privativa de libertad o multa, y que la tentativa misma también es castigada.
