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El gerente del Programa Reconversión Urbana y Metrobús, del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Guillermo Alcaraz, destacó que hay predisposición para no parar la obra y una apertura para encontrar la solución involucrando a todas las partes afectadas. Resaltó incluye a contratista, contratante, fiscalización, ciudadanos y en especial los afectados de la obra. Manifestó que la conversación continúa.
ASUNCIÓN.- La instalación de esta mesa de crisis se realizó el último viernes, luego de que la empresa contratista Monta-Engil, encargada de la obra Metrobús, presentara un preaviso de paralización de los trabajos, argumentando la falta de liberación de las franjas de dominio que impediría terminar la obra en plazo.
Tras su conformación, la mesa recogió posturas afines tanto de representantes legales, técnicos del MOPC, asesores jurídicos y frentistas, que pretenden que las obras prosigan.
Guillermo Alcaraz dijo que con la comunicación del viernes la empresa dejó en claro que no piensa retirarse del país. “Las obras siguen. El sábado y el domingo se estuvo trabajando”, dijo.
“Es una negociación compleja, donde son muchos los actores, por lo cual no quiero adelantar ningún aspecto o variable definitiva, de lo que va resultando tras las diferentes reuniones que vamos manteniendo”, explicó.
Sin embargo, “si es que en las reuniones no se avanza en las negociaciones, la suspensión de las obras se dará para el 3 de setiembre”, afirmó.
Alcaraz reconoció que para diciembre será “imposible” que se culminen las obras del corredor desde General Aquino hasta el Campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en la ciudad de San Lorenzo, como estaba previsto.
“Es mucho más fácil liberar frentes cuando se tiene voluntad de acercarse a la mesa y decir cuál es el proceso y presentar las documentaciones, existen casos en que los frentistas ni siquiera quieren ofrecer sus documentos para demostrar el reclamo que tienen”, afirmó.
Respecto al pago de las indemnizaciones sostuvo que en el mejor de los casos podrían estar en un lapso de tres a cuatro meses y, en un escenario muy desfavorable, los pagos se podrían dar por consignación a través de un decreto y posterior orden judicial para la liberación del frente puede tardar hasta un año.
