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RÍO DE JANEIRO.- Castigado por una profunda crisis económica y política, el estado de Río de Janeiro es víctima, además, de una red de corrupción para desviar fondos públicos en la que, según la Policía, está implicado el Tribunal de Cuentas y puede alcanzar incluso a la cabeza de la Asamblea Legislativa local.
La Justicia brasileña dictó orden de prisión para cinco de los siete consejeros del Tribunal de Cuentas de Río, el órgano que se encarga de fiscalizar el gasto público y velar por su transparencia, y emitió también una orden que obliga a declarar ante la Justicia a Jorge Picciani, presidente de la Asamblea Legislativa del Estado.
Picciani, que fue conducido ayer por la Policía a declarar, es el padre del actual ministro de Deportes, Leonardo Picciani, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misma formación del presidente Michel Temer.
La operación, bautizada O Quinto do Ouro, que movilizó ayer a unos 150 agentes de Policía en Río de Janeiro, investiga la participación de miembros del Tribunal de Cuentas en el cobro de sobornos de empresas que firmaron contratos con órganos públicos.
La investigación ha destapado los nexos para defraudar entre las principales instituciones del gobierno del estado de Río, ya que los consejeros del Tribunal son elegidos por los gobernadores, y sus informes pasan por la Asamblea Legislativa regional.
