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ASUNCIÓN.- Los abogados defensores del exsenador Óscar González Daher y el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, pretenden suspender la audiencia de imposición de medidas prevista para el próximo martes, afirmando que los audios que involucran a sus clientes son ilegales porque fueron obtenidos sin orden judicial.
Sara Parquet, abogada de González Daher, y Álvaro Arias, defensor de Fernández Lippman, ayer plantearon incidentes de nulidad contra el acta de imputación, con lo cual se podría suspender la audiencia de imposición de medidas prevista para el martes 9 de enero próximo ante el juez Hugo Sosa Pasmor.
González Daher y el otro exsenador, Jorge Oviedo Matto, están imputados por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Fernández Lippmann, por su parte, fue imputado por asociación criminal, cohecho pasivo y lavado de dinero. Los otros 2 imputados, los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva, por su parte, fueron imputados por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias.
Los 5 tendrían que presentarse el martes para la audiencia de imposición de medidas, la que podría suspenderse luego de los incidentes planteados por Parquet y Arias, quienes aducen que las grabaciones son ilegales puesto que no fueron obtenidas por orden de juez competente.
El fiscal adjunto Federico Espinoza, al frente de la investigación del escándalo de los audios que podrían demostrar tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, había dicho días atrás que los audios son válidos puesto que responden al interés general, que siempre está encima del particular.
Sin embargo, los defensores de los 2 imputados pretenden frenar todo el proceso con el argumento de que, al no ser obtenidos con orden de un juez competente, los audios no pueden servir en un proceso abierto. Con esta idea, la pretensión de ambos abogados es que se cancele la imputación de sus despedidos.
A consecuencia del escándalo, González Daher y Oviedo Matto debieron abandonar el Senado, el fiscal general (con mandato vencido) Javier Díaz Verón es investigado por enriquecimiento ilícito y el diputado liberal Carlos Portillo también soporta una investigación y podría perder su investidura.
