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El bono que emitirá Paraguay tiene la misma calificación país, lo que refleja la confianza de los inversores. Moody’s Investors Service asignó la calificación (P) Ba1 a la emisión, basándose principalmente en la legalidad de los papales y refiriéndose a las opiniones jurídicas y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La calificadora hizo una salvedad, la calificación es provisional (P) debido a que la operación no se realizó hasta el momento. El presidente Horacio Cartes usó las redes sociales para congratular la segunda calificación positiva en este proceso de emisión.
ASUNCIÓN.- El informe correspondiente fue divulgado en la víspera, en momento que Paraguay negocia con inversores las condiciones de la emisión de certificados de deuda. Moody’s afirma que “la calificación del Bono Soberano de Paraguay en Ba1, es igual a la del país, basándose principalmente en la legalidad y que son ejecutables del Bono, refiriéndose a las opiniones jurídicas y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay”.
La sentencia declarativa sobre la Certidumbre Constitucional emitida por la Corte Suprema del Paraguay da certeza sobre la legalidad de la emisión. “Tal juicio no podrá ser anulado bajo ningún recurso, impugnación o argumento a la luz de la Constitución y las leyes paraguayas vigentes”, dice un apartado del informe Moody’s.
Una vez oficializado el informe de la calificadora, el presidente Horacio Cartes saludó a través de su cuenta en Twitter la valoración: “Moody’s es la segunda calificadora que valora bonos positivamente. Celebramos este logro fruto de una gestión seria”, apuntó el jefe de Estado.
Dos de sus principales hombres de confianza llevan adelante las negociaciones, Santiago Peña, ministro de Hacienda, y Carlos Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central, realizan intensos lobby para la emisión de un bono global por US$ 500 millones.
Considera la calificadora que “a pesar de las objeciones de elementos del Congreso sobre la legalidad de la emisión de deuda en virtud de la Ley de Presupuestos de 2016, vigente para 2017, es nuestra evaluación, basada en opinión legal y en la sentencia del Tribunal Supremo de Paraguay, a la Constitución y las leyes de Paraguay, por lo que constituye una responsabilidad directa y ejecutable del gobierno y se sitúa en igualdad con otras deudas externas emitidas por la República del Paraguay” y agrega que “por lo tanto, asignamos la calificación de emisor actual del gobierno de Paraguay”.
ACLARA
Si esta opinión jurídica cambiara, o si la exigibilidad de la deuda fuese impugnada en virtud de una ley posterior, esto nos haría reevaluar el riesgo de crédito y podría tener implicaciones de calificación.
Moody`s también señala en su informe que el Bono a ser emitido será clasificado como las demás deudas externas ya existentes; dictamen que ubica al mismo nivel de tratamiento de las operaciones anteriores.
Este informe afianza la fortaleza económica ya comprobada por otros organismos como el Banco Mundial y el Fondo monetario Internacional. Moody’s, una de las más grandes y prestigiosas calificadoras de riesgo del mundo.
Los argumentos para la nota
El 20 de marzo de 2017, se convocó un comité para debatir la calificación del gobierno de Paraguay. Los principales puntos planteados durante el debate fueron:
– Los fundamentos económicos del emisor, incluyendo su fortaleza económica: no han cambiado sustancialmente.
– La fortaleza / marco institucional del emisor, no ha cambiado sustancialmente.
– La fortaleza fiscal o financiera del emisor, incluyendo su perfil de endeudamiento: no ha cambiado sustancialmente.
Al tomar esta decisión, Moody’s se guió por las siguientes consideraciones:
– El Bono constituirá la Deuda Externa directa, general, incondicional y no subordinada de la República del Paraguay y se clasificará igualmente con todas las demás Deudas Externas no subordinadas de la República.
– La valoración basada en la opinión jurídica y en la sentencia del Tribunal Supremo de Paraguay, de que el nuevo bono es legal y ejecutable, de acuerdo con la Constitución de Paraguay y las leyes presupuestarias vigentes.
– Las objeciones en el Senado no tienen la misma fuerza legal que el respaldo de la Ley de Presupuestos de 2016, vigente para 2017, de la Constitución Nacional y a opinión legal y sentencia del Tribunal Supremo de la República (Corte Suprema de Justicia).
