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La Cámara cuenta con sus órganos naturales, infinidad de comisiones, para estudiar cualquier proyecto. Sin embargo, la mayoría aprobó crear una “comisión especial”, para que en el plazo de 15 días, consultas mediante, elabore un proyecto de Ley que establezca el procedimiento para la pérdida de investidura de los legisladores, que llevará, quién sabe, cuánto tiempo. Una verdadera tomadura de pelo.
ASUNCIÓN.- Con una clara intención dilatoria, la mayoría de la cámara logró que se aprobara un proyecto de Declaración que crea una comisión especial para analizar y presentar un proyecto de Ley que reglamente la pérdida de investidura. Aunque dicen que el plazo será de 15 días, ni siquiera designaron a quienes integrarán la misma, por lo que se logró blindar, por largo tiempo, a varios legisladores que tienen cuentas pendientes con la Justicia, como Carlos Portillo, Carlos Núñez, Ulises Quintana y Miguel Cuevas.
Aunque Rocío Vallejo, presidenta interina de la Comisión de Asuntos Constitucionales, intentó que se trate sobre tablas el proyecto de reglamentación de la pérdida de investidura, a fin de dar rápida respuesta al pedido que afecta al liberal Portillo, la mayoría decidió aprobar el proyecto que crea una comisión especial, que en 15 días deberá presentar un proyecto de Ley, previa consulta a juristas.
La fundamentación presentada por el liberal Rodrigo Blanco generó aún más confusión, ya que, dijo, ni siquiera se sabe qué órgano es el que debe juzgar a los legisladores, lo que fue rápidamente rechazado por representantes de las bancadas minoritarias.
Otra cosa que volvió a poner en el tapete Blanco fue lo de la mayoría necesaria para expulsar a un legislador de su cámara, dando ejemplo de situaciones en las que se requiere mayoría absoluta de dos tercios, por lo que presentó como una incoherencia que una medida tan seria pudiera ser aplicada solamente con mayoría simple.
Resulta asombroso que se vuelva a plantear este tema porque justamente la mayoría calificada fue el motivo por el cual se derogó la Ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución, conocida como de autoblindaje. Sus detractores decían que era inconstitucional porque la Carta Magna establece claramente los casos en los que se utilizará dicha mayoría calificada, lo que indica que en todas las otras situaciones, se recurrirá a la simple.
Ya sea que los integrantes de esta comisión se elijan vía mesa directiva o plenario, el tema no se va a volver a tratar hasta, por lo menos, la próxima semana.
