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Carlos Arregui sigue sin hablar del affaire PNUD

ASUNCIÓN.- Sigue Carlos Arregui con su misma predisposición de no “aclarar”, porqué no están en su informe las últimas gestiones de Patricia Samudio, presidente de Petropar, en el affaire PNUD por el cual evitó controles y transparentar contrataciones millonarias para la planta alcoholera de Mauricio José Troche.

Nuestra hoja viene intentando desde hace más de tres días contactar con Arregui a través de la línea telefónica, cuya terminación es 445, aunque sin éxito. Algunas personas que lo conocen afirman que solo responderá las llamadas de los “medios amigos”.

Las pesquisas realizadas por Arregui pasaron por alto varias gestiones de Samudio, que no tendrían respaldo legal y por consiguiente se constituirían en hechos punibles.

Luis Villamayor, abogado denunciante en varios casos contra la funcionaria, dijo: “hasta el momento no encontramos una explicación suficientemente argumentada de Arregui, que justifique que haya pasado por alto estas posibles irregularidades, en la mayoría de los casos están probadas”.

Una de ellas es el contrato ejecutado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sin control ni transparencia, “y que va contra todas leyes que garantizan nitidez”, apuntó.

Se pregunta el abogado sobre este tema PNUD-Petropar, ¿no le llamó la atención en su auditoría, a Arregui?

En total son cuatro los acuerdos con el organismo internacional, cuyo monto totaliza US$ 7,6 millones, de los cuales se ejecutaron dos y que ascienden a US$ 3,3 millones.

Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, explicó que esta oficina “percibe el 0,4%, monto que se utiliza para el mantenimiento informático y de algunas herramientas de oficina”.

La auditoría contratada por Mario Abdo Benítez sí “encontró” un supuesto daño patrimonial superior a G. 30.000 millones en Petropar. El pasado 2 de enero el presidente de la República recibió un informe pormenorizado de las presuntas irregularidades detectadas y, posteriormente, encargó a la Senac preparar la denuncia penal.

La auditoría abarcó 2016, 2017 y hasta setiembre de 2018, y alcanzó a 32 de las 150 estaciones de servicio que operan con la empresa pública.

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