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Un ciudadano paraguayo de origen libanés que supuestamente ganó 10 millones de dólares en un Casino de Yguazú (Argentina), puso en “háke” al gobierno argentino, que sostiene que se trataría de una operación ilegal, con trasfondo terrorista, por lo que congeló bienes y dinero del clan Barakat. El líder de la organización es el nacionalizado paraguayo Assad Ahmad Barakat, que opera en la Triple Frontera paraguaya-argentina-brasileña, según datos.
PUERTO YGUAZÚ (Argentina).– La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina remitió alertas a alrededor de 50 bancos, casas de cambio, casinos y financieras de todo el mundo para reconstruir una red de combate de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo, refiere el comunicado.
Fue tras recibir un informe de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro estadounidense, que señala que los miembros del clan Barakat, cobraron en un casino unos 10 millones de dólares que supuestamente ganaron en apuestas y no declararon el ingreso ni el egreso.
El clan Barakat tiene negocios entre los países de Paraguay, Argentina y Brasil. La Interpol señaló en su momento, que su base de operaciones sería la galería Uniamérica de Ciudad del Este. Barakat y su parentela están acusados de financiar al grupo terrorista Partido de Dios (Hezbollah), según fuentes oficiales.
El informe del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asegura que en la Triple Frontera los negocios ilegales (narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, financiamiento del terrorismo) movilizan 43 mil millones de dólares al año.
El 25 de junio pasado, Mahmoud Alí Barakat (40), uno de los miembros del grupo, fue detenido por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía de Interpol Paraguay, en pleno microcentro de Asunción. Fue en el marco de una investigación sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico, encabezado por el fiscal Marcelo Pecci.
En aquel entonces, se comprobó que pesaba sobre él una orden de detención y extradición emitida por la justicia estadounidense. Se requisaron equipos informáticos, registros bancarios y aparatos celulares.
