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ASUNCIÓN.– El procurador general del Estado, Sergio Coscia, tiene como principal función la defensa de los intereses patrimoniales del Paraguay. Sin embargo, el mismo está imputado por producción de documentos no auténticos, hecho cometido a través de la empresa Proibérica. Esta firma le estafó casi G. 50.000 millones al Estado paraguayo, con la devolución de créditos fiscales. Al menos por respeto a los principios éticos, esta persona no debió ser nombrada para tan importante cargo.
La fiscal anticorrupción y de delitos económicos Josefina Aghemo había puesto en su escrito de imputación que Coscia utilizó artilugios para producir y presentar facturas con la finalidad de obtener créditos fiscales por montos millonarios. Y una de las empresas, que serían beneficiadas, era la que le vendió helicópteros que no volaban a Rafael y Carlos Filizzola. En el caso del primero, éste sigue acudiendo a innumerables chicanas para evitar someterse a la Justicia.
Quien le salvó a Sergio Coscia de ir a juicio oral y público fue, nada más y nada menos que, la actual ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, cuando entendió en la imputación en contra del actual procurador general de la República.
El caso en que estuvo involucrado el elegido de Mario Abdo para cuidar los intereses del Estado no se trataba de algo irrelevante. La empresa Proibérica S.A. había solicitado la devolución de crédito correspondiente al período fiscal de octubre de 2011 a enero de 2012 por el monto de 851.454.184 guaraníes y Sergio Andrés Coscia Nogués había emitido la factura N° 011-001-0000201 en fecha 12/10/2011 por un monto total de 1.369.500.000 a nombre de Proibérica S.A.
Estos antecedentes son suficientes para concluir que la defensa de los bienes patrimoniales del Estado no está en las manos correctas. Esta situación debe ser corregida lo antes posible, a no ser que exista una intención deliberada de poner en riesgo el dinero del pueblo, verdadero dueño.
