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Tres hombres y una mujer llegaron hasta la comisaría 9ª del distrito de Yguazú y amenazaron de muerte a los efectivos policiales de guardia. Fue tras una intervención que realizaron los agentes a raíz de una denuncia por perturbación de la paz pública. Los sindicados se encontraban bajo total estado de ebriedad e incluso advirtieron que incendiarían la sede policial. Instantes después fueron reducidos y quedaron encerrados en el calabozo.
YGUAZÚ, Alto Paraná.- El hecho ocurrió ayer, a las 03:00 horas aproximadamente, en el km 42 de este municipio. El grupo estaba encabezado por Julio César Ortega Peña. Lo acompañaban sus hermanos Gilda María Ortega Peña (23) y Alberto Miguel Ortega Peña (29), además de una tercera persona identificada como Faustino Cáceres Viveros (31).
Conforme con los datos, a la hora mencionada los agentes del orden recibieron una llamada telefónica de parte de los vecinos del lugar, quienes señalaban que no podían dormir de los ruidos molestos.
Otros afectados manifestaron que tenían familiares enfermos que necesitaban de tranquilidad en la zona. A raíz de las reiteradas denuncias, los uniformados se trasladaron hasta el lugar donde encontraron a los indiciados.
Los mismos estaban en un rodado de la marca Nissan, modelo Terrano, color bordó, año 1994, con chapa AYH 052, que figura a nombre de Gabriel Acosta Martínez. El parte policial refiere que todos ellos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a todo volumen.
Al llegar al sitio, los efectivos de la Policía se acercaron en forma pacífica y les advirtieron sobre las consecuencias que podrían acarrear con esa actitud. Los Ortega Peña y Viveros aseguraron que pararían en un rato más, pero no lo hicieron.
A raíz de esta situación, nuevamente se fueron hasta el lugar los policías, por lo que todos abordaron la camioneta y se retiraron del sitio. Poco después se apersonaron hasta la sede policial atropellando a los oficiales de guardia, a quienes advirtieron que serían asesinados si se metían con ellos, al tiempo de señalar que también incendiarían la comisaría. Luego, abandonaron la institución.
Acto seguido, los afectados pidieron refuerzos a otras dependencias policiales y procedieron a la aprehensión de los sindicados, quienes quedaron privados de su libertad a disposición del Ministerio Público.
Los intervinientes confirmaron que Julio César contaba con una orden de captura por violencia familiar que data del año 2015.
