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VALENCIA.- (España). La Justicia española confirmó el juicio para los 36 procesados en el caso de “arreglo” de partido que generó aquel Zaragoza vs. Levante de 2011. El capitán de la Albirroja, Paulo da Silva, habría cobrado entre 50.000 y 40.000 euros, según la parte acusatoria. La Audiencia de Valencia reabrió la causa el pasado 25 de enero.Los futbolistas pertenecientes a las plantillas del Zaragoza y del Levante en 2011 serán juzgados por presunto arreglo del partido disputado entre ambos clubes en mayo del citado año.
También deberá sentarse en el banco de acusados el entonces entrenador de la entidad aragonesa, el mexicano Javier Aguirre, el director deportivo Antonio Prieto, así como el expropietario del club maño Agapito Iglesias y los directivos Javier Checa y Francisco Porquera.
Según relata el diario El País, el fiscal de la causa es Alejandro Luzón, quien estipula que se habría repartido unos 965.000 euros para que el Zaragoza derrote a Levante (2-1), y de esa forma se decrete el descenso de La Coruña (quien denunció la trama).
Luzón ofreció una lista con los supuestos montos que habrían cobrado los implicados, Da Silva se ve inmiscuido en una sospechosa transferencia de 50.000 euros. En la nómina de jugadores con este tipo de ‘giros’ también aparecen Felipe Caicedo, Gustavo Munúa, Leonardo Ponzio, Ander Herrera, Gabi, Christian Stuani, Jefferson Montero entre otros.
Conforme indican los argumentos de la parte acusatoria, los jugadores del Zaragoza (que estaban al tanto del trato e hicieron de ‘cortina’) cobraron estos depósitos en concepto de ‘pagas extras’ (para justificar el movimiento en las cuentas del club), que posteriormente retiraron y según su hipótesis devolvieron (tras haberse quedado con un porcentaje) en efectivo a Agapito Iglesias para que este disponga de la cantidad finalmente destinada a los jugadores rivales.
Para la Justicia española, tal fraude constituye un delito que implica una pena de tres o cuatro años de cárcel, más una inhabilitación profesional que va de seis meses a un año. El juicio oral, se estima, será programado en unos seis meses.
