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La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, declaró estado de emergencia en las penitenciarías del país debido al hacinamiento y el riesgo de fuga masiva a consecuencia del deplorable estado en materia de infraestructura. La superpoblación, la falta de agentes penitenciarios y la deficiencia en infraestructura debido a la falta de buenos muros o vallas perimetrales son algunos de los puntos más preocupantes.
ASUNCIÓN.- Hasta la fecha existe una población penitenciaria de 13.071 personas, sin embargo la capacidad de estos centros es de tan solo 6.643, es decir hay una superpoblación de 6.428 reclusos.
Las acciones ante esta declaración de emergencia serían las siguientes; contratación de 100 nuevos agentes penitenciarios en el marco de excepción, transcurrido 10 meses el ministerio llamará a concurso para la contratación definitiva de estos trabajadores encargados de velar de la seguridad de los internos.
Por otra parte, se tomarán acciones para el fortalecimiento de la infraestructura de las cárceles, y sobre todo en las áreas de procesos legales ya que la causa principal del hacinamiento es un sistema de Justicia que no funciona como debería, ya que el 80 por ciento de los procesados están sin condenas, enfatizó la ministra.
Esta situación era predecible, indicó la ministra en conferencia de prensa, y justificó la medida ya que la intención consiste en poder prevenir cualquier tipo de situación que pueda poner en peligro a los reclusos como al resto de la sociedad.
La secretaria de Estado aseguró que estas cifras indican una alarma, pues son números a los que nunca antes se había llegado, por lo que la declaración de emergencia es para poder tomas las medidas necesarias para corregir la situación.
“Todo lo que haga el Ministerio de Justicia, será con absoluto cumplimiento de las normas legales y con absoluta coordinación con el Ministerio de la Función Pública y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, aclaró Bacigalupo.
Este estado de emergencia tendrá una duración de 10 meses y apuntará a reforzar la infraestructura y la seguridad en las cárceles, así como las condiciones en que viven los reclusos.
