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WASHINGTON.- El informe anual de DDHH del Departamento de Estado subrayó graves delitos e impunidad por parte del régimen persa. Acusa a la república islámica de coordinar secuestros y asesinatos por razones políticas y de discriminación de género, religión y orientación sexual, entre otras cosas.
Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, los problemas más graves en Irán con respecto a los derechos humanos son las severas restricciones de libertades civiles básicas, el abuso de autoridad del estado ante la ausencia de una rama judicial independiente -incluyendo arrestos arbitrarios, desapariciones, torturas y asesinatos-, la ausencia de una democracia libre y justa, la corrupción del estado, la discriminación y el tráfico de personas.
Sobre todo, denunció una gran presencia de impunidad, ya que el gobierno iraní hizo poco para investigar y condenar a los responsables de tales abusos, que suelen ser funcionarios del mismo gobierno y las fuerzas de seguridad.
En el informe anual por los DDHH, el Departamento de Estado de EEUU denunció “asesinatos arbitrarios e ilegales, incluyendo, con más frecuencia, por ejecución posterior a arresto y juicio sin dicho proceso”.
Según informes no oficiales, el gobierno había ejecutado a 469 personas hasta el 15 de diciembre y, en muchos casos, sin respetar los principios básicos del proceso judicial. El gobierno anunció oficialmente 113 ejecuciones en agosto pero sin especificar la identidad ni el crimen de los acusados.
Destacan el caso de Shahram Ahmadi, quien fue ejecutado el 2 de agosto junto a 19 kurdos sunitas en la prisión Rajai Shahr por el crimen de “moharebeh” o enemistad hacia Dios. Presuntamente, Ahmadi fue alojado en aislamiento por 34 meses y ejecutado luego de una confesión forzada que había intentado de reclamar.
El gobierno utiliza la acusación de “moharebeh”, que implica la pena de muerte, a menudo para condenar a disidentes o periodistas en contra del estado, ya que el gobierno supuestamente representa los preceptos del Islam. También podrían recibir la pena de muerte los acusados de homicidio, consumidores de droga, consumidores de alcohol reincidentes, gays, violadores y los acusados de adulterio.
