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El argumento del Ejecutivo para vetar totalmente la Ley que reglamenta la indemnización para excombatientes de la gesta de febrero de 1989 que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, fue calificado como “pererî” por el presidente de la Asociación de Excombatientes de la Gesta, Víctor Colmán. El Ejecutivo habla de falta de recursos y los que combatieron aquella madrugada de la Candelaria aseguran que es falta de voluntad de Abdo Benítez con un elevado contenido político stronista.
ASUNCIÓN.- El argumento del Poder Ejecutivo para vetar totalmente la Ley que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989 fue calificado de “pererî” (débil) por Víctor Colmán, presidente de la Asociación de Excombatientes de la Gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, y dirige su cuestionamiento a la existencia de otras evidencias como el espíritu neostronista del presidente Mario Abdo Benítez.
“No quisiera profundizar mucho en esto porque tenemos un objetivo más importante; pero creemos que existen otras motivaciones políticas (como el neostronismo) y eso ocurrió en nuestro mismo movimiento social que pudieron también tener sus influencias”, acotó Colmán ante la consulta de que creen que existe una motivación stronista en la actitud del presidente Abdo Benítez.
Uno de los argumentos del Ejecutivo es una supuesta ambigüedad en cuanto a los beneficiarios de la Ley a lo que respondió Colmán que “en el artículo 2° de la propuesta estaba establecido claramente que el beneficio sería destinado a las unidades participantes en el golpe que derrocó al entonces dictador Alfredo Stroessner”. Apuntó que está discriminado hasta por unidad y jerarquía de los efectivos que actuaron.
“La normativa precisa la existencia de las instituciones pertinentes que serían las encargadas de señalar cuáles eran esas unidades”, detalló Colmán.
Este proyecto comenzó a elaborarse en 2014 con la asistencia de varios sectores especializados, “incluso varios parlamentarios “y hemos presentado un trabajo bastante serio y acabado en todas las instituciones que creíamos eran correspondientes que analizaran la situación: Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Operaciones de Fuerzas Militares, señalando las unidades y la cantidad de soldados que podían ser beneficiados”, apuntó.
AFINIDAD STRONISTA
No fue solo Colmán que identificó una reacción neostronista en la actitud del presidente Abdo Benítez. El senador Enrique Riera apuntó que “la decisión de no indemnizar a quien se jugó la vida, por uno u otro lado, me parece una señal muy negativa” y agregó que “me trae recuerdos bastante parecidos; tal como las destituciones en las instituciones públicas que están ocurriendo ahora”.
El proyecto retorna al Senado, que deberá tener una mayoría calificada para rechazar el veto total del Ejecutivo.
EL EJECUTIVO ASEGURA QUE LA LEY “ES TOTALMENTE INVIABLE”
El Poder Ejecutivo asegura que el problema con la Ley que reglamenta la indemnización a excombatientes de la gesta de febrero de 1989 es netamente financiero. “Es inviable económica y financieramente para la administración central, porque no tenemos los recursos para afrontarlo, además es una ley muy ambigua”, dijo Julio Ullón, jefe del Gabinete Civil del Ejecutivo.
Mario Abdo Benítez, presidente de la República, vetó totalmente el proyecto de Ley que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989, por una cuestión de falta de recursos para poder cumplir con los pagos.
Asegura el funcionario que esta Ley exigirá al Fisco un desembolso de aproximadamente G. 230.000 millones “monto que actualmente el tesoro público no dispone”, apuntó Ullón.
En contrapartida el Ejecutivo presentará un nuevo proyecto alternativo “en el cual se pretende contemplar una gradualidad en el gasto a realizarse para el pago de indemnizaciones”, dijo Ullón.
Además de la cuestión financiera, entiende el funcionario que la Ley “es ambigua, no precisa claramente cuáles son las unidades que tuvieron participación en la gesta que van a ser beneficiadas” y agregó que “debemos buscar por un lado una compensación justa, pero también que el Estado pueda llegar a cumplir” cerró.
