ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN.- Los funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación y de la Universidad Nacional de Concepción serán los primeros en migrar de la banca privada a la pública, en el marco del proceso que se inicia este mes, anunció el presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira.
La migración de estas dos instituciones se debe al vencimiento de los contratos que tenían con la banca privada en el mes de octubre, mientras que las demás instituciones irán realizando el procedimiento de migración de manera gradual, a medida que venzan sus contratos, según explicó este sábado Pereira, en entrevista con el programa televisivo Pulso Urbano.
El presidente del banco público explicó que el proceso de migración continuará hasta el mes de diciembre, de acuerdo al calendario de vencimiento de los contratos.
Explicó que la ley 5.554 es la que establece que todas las entidades que componen los organismos del Estado, que reciban transferencias del tesoro nacional, realicen los pagos a través de la banca pública y que esta medida no es una iniciativa del BNF.
Aseguró, sin embargo, que el BNF está preparado para recibir a las 86 entidades públicas que deberán realizar el procedimiento de migración e indicó que los 108.000 funcionarios involucrados representan sólo el 22 por ciento de los funcionarios públicos que todavía no recibían sus pagos a través de la banca pública; el 78% ya lo hace por esta vía.
En el marco del proceso de migración, el BNF ha realizado visita al 100% de las instituciones afectadas, con excepción de la Corte Suprema de Justicia y la Orquesta Sinfónica Nacional que están con una medida cautelar. Igualmente, ya se están entregando las tarjetas de débito a los funcionarios
Entre las ventajas que esta migración significará a los trabajadores del sector público, el presidente del BNF mencionó que por su naturaleza, la banca pública puede estar más cerca de la ciudadanía en donde la banca privada no llega.
Además indicó que el funcionario podrá tener acceso a otros servicios del Estado como financiamiento de programas de vivienda o de becas educativas, además de seguir contando con una amplia red de cajeros automáticos.
