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La determinación contra las chicanas judiciales asumida por el juez Gustavo Amarilla, en el caso Bower, deja un precedente fundamental que podrá ser aplicado a casos similares. La impune actitud de Rafael Filizzola está llegando a su fin. El exministro del Interior de Fernando Lugo viene eludiendo a la Justicia desde hace años, con la ayuda de su esposa, la senadora Desirée Masi. Con la complicidad de la Corte que actúa bajo fuerte presión de Masi y su brazo político en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Filizzola evita enfrentar un juicio oral y público por la “tragada” de G. 47.890 millones en la compra de helicópteros para la Policía Nacional y varios casos más.
ASUNCIÓN.- Lo que permanentemente cuestiona a los colorados la senadora Desireé Masi, también le sirve: constante presión a la labor de la Justicia en la investigación a su esposo Rafael Filizzola, quien goza de impunidad con la complicidad de la Corte.
Sin embargo, esta etapa de arbitrariedad está llegando a su fin con la jurisprudencia aplicada por el juez Gustavo Amarilla en el caso Bower, cuyos abogados llevan 17 años de constantes chicanas que impedían llegar al juicio oral por casos de torturas que le acusan al exministro del interior colorado.
Filizzola afronta juicio oral –eternamente suspendido por chicanas- por una posible “tragada” de G. 47.890 millones en la compra de helicópteros para la Policía Nacional. Hasta el momento, se enseñorea la impunidad con la complicidad de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presionados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) hasta donde llega el extenso brazo influyente de la pareja Filizzola-Masi.
Desde el inicio del caso, el exministro del Interior de Fernando Lugo, jueces, fiscales y ministros de las salas de la Corte Suprema de Justicia fueron recusados hasta lograr un congelamiento del caso. En menos de una semana provocó la inhibición de seis fiscales.
La cadena de recusaciones incluye a tres secretarios de las salas de la CSJ; abogados Julio César Pavón, de la Sala Constitucional; Karina Penoni, de la Sala Penal; Pierina Ozuna, de la Sala Civil, que según el expediente “sigue pendiente de resolución”, desde 2016. El responsable de estudiar estas recusaciones es el ministro de la corte Miguel Óscar Bajac, de origen liberal. Desirée Masi es una de las principales dirigentes de la campaña de Efraín Alegre.
El expediente explica que el 2 de diciembre del 2010, durante la administración Filizzola en el Ministerio del Interior, se pagó a la firma Proibérica SA la suma de G. 20.713.243.257.
El 14 de marzo del año siguiente se realizó otro desembolso por G. 6.794.189.185; el 12 de octubre del 2011, ya durante la administración de Carlos Filizzola, se pagó G. 20.382.567.558, con lo que se canceló la operación. Los aparatos hoy están prácticamente en desuso.
URUGUAY
El gobierno de Uruguay pagó US$ 500 mil por los mismos modelos de helicópteros que Filizzola compró, pero a precio de US$ 3.3 millones. Las tres aeronaves que se incorporaron a la Unidad Aérea policial de Uruguay, fueron del modelo Robinson 44 Raven II, similares a los que utiliza la Policía de Los Ángeles en Estados Unidos, y cada uno de ellos costó a las autoridades uruguayas US$ 500.000.
Sin embargo, Filizzola pagó US$ 10 millones a la firma Proibérica SA pero por sólo tres helicópteros Robinson, es decir, unos US$ 3,3 millones por cada uno.
ROLANDO ALUM ASEGURA QUE JEM DEBE SANCIONAR CHICANAS
El abogado querellante del caso que se le sigue al exministro del Interior, Walter Bower, celebró la determinación del juez Gustavo Amarilla que sancionó con 48 horas de detención al acusado por intentar una vez posponer el juicio oral con una medida dilatoria.
“Una medida muy acertada y es una buena noticia, en algo se demuestra que soplan nuevos vientos en el Poder Judicial gracias a una jurisprudencia que establece sanciones a las medidas dilatorias que esta vez lo aplicó por primera vez el juez Gustavo Amarilla”.
Este nuevo escenario afectará a otros procesos como el caso de Rafael Filizzola que con el fuerte apoyo político de su esposa, la senadora Desirée Masi, y presión de sus aliados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) corren el serio riesgo de comenzar a caer y al final fijar nuevos plazos del juicio oral.
Sobre el particular, Alum dijo que “el tema principal es que debe funcionar el Jurado de Enjuiciamiento que debe velar porque los jueces que actúen con debe ser y no ser utilizado como herramienta de presión para trancar procesos”.
Entiende que para que se logre, “se debe transparentar las funciones del Jurado, recuperar su credibilidad, hasta pueden intervenir de oficio si un juez admite medidas dilatorias”.
Desde que el juez Pedro Mayor Martínez admitió la imputación el 18 de abril de 2001 presentado por el fiscal Amílcar de Jesús Ayala Bonzi y se daba por iniciado el procedimiento penal contra Walter Bower Montalto, no se le fijó fecha para su audiencia de imposición de medidas.
Han pasado 17 años de aquella imputación y Bower acusado por hechos de tortura, aún no fue convocado para dicha audiencia.
Una situación similar mantiene en libertad a Rafael Filizzola, exministro del Interior de Fernando Lugo, procesado por la adquisición de helicópteros sobrefacturados. Alum reiteró que estos casos mantenidos en la impunidad “están llegando a su fin, porque los jueces ya tienen las herramientas para erradicar estas medidas dilatorias que lleva estos casos al intento del oparei, eso ya no va a ocurrir”, destacó el profesional.
JUEZ AMARILLA OBRÓ POR ENCIMA DE 17 AÑOS DE MEDIDAS DILATORIAS
La jurisprudencia generada en la cuarta sala penal abrió las puertas al juez Gustavo Amarilla para imponer sanciones al acusado Walter Bower, quien soporta un juicio, junto a dos personas más (ambos policías) por torturas. Amarilla rompió con 17 años de medidas dilatorias que impedían arribo al juicio oral.
“Después de una profunda revisión del caso y los antecedentes de medidas dilatorias anteriores encontré argumentos legales que me permitieron la imposición de esta sanción”, dijo Amarilla.
El magistrado impuso a Bower 48 horas de arresto en el mismo edificio del Poder Judicial que quedó suspendido hasta tanto se resuelva la apelación planteada por los abogados del exministro del Interior de la administración González Macchi.
Una profunda revisión de Amarilla lo llevó a encontrar resoluciones que orillaban lo absurdo, en su gran parte para extender el caso hasta tropezar con algún juez que se anime de acabar con el juicio.
Las mismas chicanas dieron el argumento a Amarilla “y encontré el argumento preciso para eliminar más medidas dilatorias y sancionar al coaccionado a 48 horas de arresto disciplinario”.
