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CIUDAD DEL ESTE.- Publicaciones periodísticas de la época dan cuenta que un mes después de haber asumido el gobierno actual, es decir, en setiembre del 2018, ya declaró emergencia penitenciaria debido a la superpoblación de las cárceles. Pero casi un año después, nada cambió.

En abril pasado, Dante Leguizamón, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez para plantearle la urgencia de crear políticas públicas que intenten abordar el fondo del problema carcelario, intentando resolver cuestiones como el abuso de la prisión preventiva, la morosidad judicial, falta de políticas preventivas con relación a la comisión de delitos, entre otros. Pero otra vez no pasó nada.

El sistema penitenciario cuenta con aproximadamente 15.000 reclusos, aunque solo tiene lugar para albergar a 8.000 personas, por lo que se puede colegir que existe un déficit de al menos 7.000 plazas.

Esto había motivado a las autoridades del nuevo Gobierno a declarar emergencia, admitiendo el colapso y las grandes precariedades.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) afirma que la superpoblación está al límite, con un índice de 72,5 %. Gran parte de los reclusos no cuenta con una condena.

Hay que recordar que la cuestión no solo depende del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensa Pública, entre otras instituciones.