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Cuando se informó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la investigación del presunto negociado en la adjudicación de servicios de seguridad, por 140.000 millones de guaraníes, en el Instituto de Previsión Social (IPS), alguien dijo que por fin ésta vez no será culpable el expresidente Horacio Cartes.
Sí, porque hasta ahora, a casi 10 meses de haber asumido los nuevos gobernantes, el Gobierno anterior sigue siendo “el culpable” de todos los males. Pero en el caso de IPS no se podrá argumentar eso, porque su extitular, durante la era Cartes, fue Benigno López, hoy ministro de Hacienda y hermano de Mario Abdo Benítez.
Ocurre que cuando fue denunciada la presidente de Petropar, Patricia Samudio, por supuesta lesión de confianza, también el jefe de Estado ordenó una investigación y encargó la tarea a su amigo Carlos Arregui.
Lo nombró “asesor de transparencia” y le encargó hacer las averiguaciones de la acusación presentada en la Fiscalía General del Estado contra Samudio: Lesión de confianza y daño patrimonial a la empresa.
En esa ocasión, el objetivo real habría sido “blanquear” a Patricia Samudio y “blequear” al anterior presidente del ente petrolero, Eddie Jara, pese a que durante el nuevo gobierno Petropar se ubicó en el ojo de la tormenta. Pero las supuestas irregularidades buscadas fueron de la administración de la era Horacio Cartes.
Arregui no se preocupó de la posible ilícita transferencia de 43 millones de dólares del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, contrariamente a lo que establece la ley vigente y el decreto presidencial. Llamativamente, el banco que más dinero recibió fue GNB PGY, entidad donde el esposo de Samudio posee una deuda de 2 mil millones de guaraníes.
También la titular de Petropar adquirió 4 mil toneladas de gas licuado por valor de 3,5 millones de dólares, de una empresa paraguaya, siendo que esta es su competencia directa. Esto ocasionó que el producto salga cien dólares más caro por tonelada, al hacer una comparación a lo que habitualmente Petropar paga a un proveedor internacional.
Igualmente, la venta privilegiada de 7,5 toneladas de combustibles a la
firma Monte Alegre SA (ligada al primer anillo del presidente Mario Abdo), a un precio ventajoso y a días del aumento del precio del hidrocarburo. Además, se hizo conocer que el esposo de Samudio está ligado al rubro de los combustibles, pese a que la misma negó.
Al “asesor de transparencia”, Arregui solamente le importó un supuesto desfalco, de G. 3.000 millones, denunciado por Samudio y responsabilizando a la anterior administración, de Eddie Jara.
No pasó absolutamente nada en éste último caso y fue porque realmente no se descubrió, porque para eso fue enviado Arregui, para culpar a Jara y a Cartes.
El extitular de Petropar acusó a Carlos Arregui de “castigar perversamente la honorabilidad de las personas” sin dar si quiera oportunidad de defensa, porque no pidió documentos para emitir informe. Alardeó de dejar US$ 200 millones en caja y una red de estaciones valuadas en unos US$ 250 millones.
Jara dijo que “todo el show montado” no era para calificar su gestión ni de la actual titular, Patricia Samudio, sino para que Arregui se quedara en el cargo, “esta evaluación era para vos, para ver si venderías tu alma, si pesaba más tu nuevo cargo de Ministro Asesor y el estatus que eso te da por sobre la verdad”.
Esta vez, en el caso de IPS, Mario Abdo Benítez ni por equivocación mencionó a la administración anterior del ente previsional. Dio las instrucciones al asesor en Transparencia, el exfiscal Carlos Arregui, para iniciar las investigaciones referentes a la licitación en la previsional y apuntar al actual presidente, Armando Rodríguez.
Sin embargo, según la denuncia, este tipo de licitación es común en IPS desde hace varios años. Pero en este caso, a diferencia de Petropar, no importa lo que pasó anteriormente, porque se corre el riesgo de salpicar al titular anterior, pese a que es también de la era Cartes, pero entre hermanos “no hay cornadas”.
“Vamos a investigar todo el proceso licitatorio. Lo que yo insto a la Fiscalía es que haga una investigación al respecto”, expresó el Presidente, haciendo referencia a la cuestionada licitación adjudicada a firmas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado José Chamorro.
En este punto vale enfatizar que el exlegislador, Chamorro, tiene peso en el actual gobierno. Su hija Ivana Chamorro Lafarja, desde el 31 de enero pasado marca su entrada y salida nada más en la Cámara de Diputados. Es más, desde que asumió el actual gobierno, agosto del año pasado, no trabajó más, presentando constantemente reposos médicos, pero sobrepasó
los 90 días que, según una resolución de Diputados, es el plazo que se otorga para permisos por problemas de salud.
Así que, en este caso está “negra la morcilla” para Marito, debe cargar con otra pesada mochila, en medio de todos problemas, económico, las inundaciones y su falta de liderazgo. Y para colmo, el cuento “Cartes culpable” ya no puede correr.
