Jueves , septiembre 20 2018
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Exigen al Ejecutivo “dejar de improvisar”

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ASUNCIÓN.- Los abogados laboralistas agremiados cuestionaron el nombramiento de Carla Bacigalupo como ministra del Trabajo y de su yerno Darío Muñoz, “porque no son especialistas en derecho laboral, y tomaron determinaciones erradas desde el principio”.

Muñoz ocupa el cargo de director de Planificación de la misma repartición y de entrada demostró no estar preparado para la función que se le encomienda. Desconoce que el salario mínimo tiene protección del Código Laboral y rango constitucional.

Eduardo Pérez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, calificó de improvisación del Poder Ejecutivo “ya no se puede improvisar en cargos tan técnicos como éste” y recordó que “durante la era democrática, de todos los ministros de Trabajo nombrados, solo dos fueron personas especializadas en derecho del trabajo”.

Destacó que las improvisaciones generan serios problemas, sobre todo para los profesionales que protegen los derechos de las empresas y de los trabajadores ante el Ministerio del Trabajo “y esto genera un tremendo daño no solo a los abogados que estamos en esta especialización, sino también a nuestros clientes, a nuestros representados”, enfatizó Pérez.

Estima que no habrá respuestas a sus planteamientos porque los funcionarios que están al frente del ministerio del Trabajo no tienen el conocimiento que necesitan “veo que el gobierno de la gente tendrá mucho trabajo y veo muy difícil que sean respondidos los reclamos cuando las personas que deben administrar las carteras de Estado no tengan los conocimientos acabados”, expresó.  Agregó que “nosotros acá, en el derecho del trabajo, no solamente nos estamos refiriendo a normas dictadas sino a conceptos teóricos. Paraguay tiene 39 convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sí están en vigencia; y todos ellos tienen que ver con la política de empleo y la seguridad social”.

Destacó el profesional que “Carla Bacigalupo ya ocupó anteriormente varios cargos públicos, como fiscal, juez y ministra de Justicia. En todas las ocasiones, sus actuaciones fueron objetadas”.

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