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ASUNCIÓN.- Las sospechas de tráfico de influencias, mal desempeño, desvío o malversación de fondos del Estado, que le siguen a Patricia Samudio, evidentemente no son de interés del Ministerio Público. La fiscal adjunta, Soledad Machuca, tiene en su poder las carpetas con abundante documentos para iniciar una investigación, pero hasta el momento, no existe demostración de interés legal por saber qué pasó en todo este tiempo, desde que asumió el cargo.
Hasta el momento, y teniendo en cuenta sus determinaciones, lo único que realizó es destrozar la política de administración de los combustibles, que dio buenos resultados durante los últimos cuatro años, sin arrojar pérdidas para la petrolera del Estado.
El abogado Luis Villamayor acercó una carpeta conteniendo denuncias de tráfico de influencias, mal desempeño, desvío o malversación de fondos del Estado, con importante cantidad de documentos que lo respaldan.
“Aún no designó a un agente fiscal para que inicie la investigación. La excesiva dilación en el Ministerio Público sobre un caso tan emblemático, debe llamar la atención de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como mínimo podríamos estar ante un presunto mal desempeño de funciones”, dijo el profesional.
Esta es la segunda ocasión que la fiscal adjunta Soledad Machuca se enfrenta a Villamayor, y en ambos actuó de la misma manera, incluso fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Recordó, el abogado, que ya han pasado 20 días de aquella presentación, “tiempo suficiente para designar un agente fiscal, además, esta carpeta contiene elementos probatorios que difícilmente serán rechazados, será una cuestión sencilla; comprobar si las firmas de Patricia Samudio son reales”, dijo.
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, derivó a la fiscalía adjunta de Delitos Económicos, a cargo de Soledad Machuca, que “terminó encajonando la carpeta y a mí me llama la atención que se dilate tanto tiempo”, protestó Villamayor.
Este caso no tiene atención ni siquiera de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien hasta el momento no ha dado a conocer públicamente alguna opinión al respecto. Hasta ahora, los documentos revelan posiblemente que hubo “un grave atentado contra el patrimonio público. Petropar, como ente del Estado, tiene una función social importantísima, hacer todo lo posible para que la población tenga el menor precio posible de combustible, lo cual redunda definitivamente en la calidad de vida de la ciudadanía, puesto que el costo del combustible atraviesa una serie de ítems relacionados con la canasta familiar y el salario de los trabajadores”, destacó finalmente el abogado de AOPE.
