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Definitivamente hay gente que vive de los conflictos. Existen grupos “profesionales”, que se pasan ofreciendo su servicio. Y sin dudas que estarán conformados por personas que no quieren estar bien ni con Dios ni con el diablo.
Y claro está que no se movilizan por intereses particulares, ni por alguna causa común, pero sí, seguro por algún estimulo especial. Un caso hoy latente es de la Junta de Saneamiento Cerrito, de la ciudad de San Antonio, que pasó a depender de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A).
Hace ya más de un año que el Poder Ejecutivo firmó el Decreto, prácticamente a pedido de la comunidad y porque se constataron las serias irregularidades en el servicio y por sobre todo, en el manejo de los recursos de la entidad.
Previamente, el grupo de supuestos usuarios protagonizaron serios incidentes, porque presuntamente existen tragadas de los fondos y los informes oficiales el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) ratificaron las denuncias del mal manejo de ingreso promedio en facturación de G. 250.000.000.
Es más, los reclamos contra las autoridades de la Junta son de antigua data, a tal punto que hace 4 años el expresidente de esa entidad aguatera, Gabriel Medina, y su hijo Diego, fueron condenados a dos años de cárcel. Fueron declarados responsables de un perjuicio de G. 199 millones.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia integrado por Javier Sapena, Leticia Fracchi y Carlos Vázquez.
Poco tiempo después, el nuevo presidente, Ramón Palacios, fue también sindicado como responsable de un presunto gran robo. Mientras tanto cuentas millonarias de la Junta de Saneamiento de Cerrito con la ANDE no fue pagada. Se habló de 1.200 millones de guaraníes, en otro pozo, 15 millones, en otro pozo 20 millones, y otro pozo 5 millones. El ente estatal procedió al corte de energía.
Y dentro de esa situación, el Ejecutivo dispuso que la aguatera pase a cargo de la Essap, cumpliendo su compromiso de velar por el pueblo, mejorando los servicios y que los mismos sean de calidad y de entrega oportuna a los usuarios.
Pero fue grande la sorpresa cuando apenas se presentaron los enviados de Essap, para instalarse en el local de la Junta, ya estaba el grupo de manifestantes. Tal vez eran las mismas personas que protestaron y pidieron el procesamiento de las autoridades anteriores.
Entonces descoloca su actitud, porque deja entrever que la protesta es simplemente por protestar. El presidente de la Essap, Osmar Ludovico Sarubbi, explicó muy bien lo que pasaba ahí y hasta remarcó que ponen en serio riesgo la salud de los usuarios, por lo que se imponía revertir la situación.
Pero el grupo de manifestantes insiste en que la Junta se le debe devolver al pueblo, pero es muy claro que detrás de ellos están políticos oportunistas, que quieren seguir viviendo de la entidad aguatera y de la plata de los usuarios.
Ojala la Essap y el propio Estado Central no retrocedan, ante el supuesto pedido del pueblo, porque en realidad es pedido de unos “ambiciosos” políticos liberales efrainistas y utilizan a un grupo a nombre del pueblo.
