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El gobierno de Venezuela ordenó una auditoría contra la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades administrativas. La fiscal general Luisa Ortega denunció la brutal represión del chavismo. La inspección al Ministerio Público fue anunciada por el contralor general, de línea oficialista, Manuel Galindo, en momentos en que la fiscal asistía a una sesión en el Parlamento de mayoría opositora.
CARACAS.- El oficialismo venezolano dio este lunes un nuevo paso en su ofensiva contra la fiscal general, Luisa Ortega, que enfrenta ahora una auditoría por presuntas irregularidades administrativas.
En una declaración pública, Galindo dijo que su despacho inició una “actuación de control fiscal” para evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros ejecutados por la Fiscalía durante la gestión de Ortega, iniciada en 2008.
La fiscal denunció ante el Legislativo “atropellos” por parte de los delegados de la Contraloría, que irrumpieron desde temprano en las sedes del organismo en distintos lugares del país.
Desde el Ministerio Público aseguran que la designación de Galindo no cuenta con la autorización de la Asamblea Nacional, en consecuencia, este último funcionario estaría en la actualidad “usurpando funciones”, con las “graves consecuencias que ello acarrearía para la República al estar ilegalmente representada”.
Ortega tildó esas diligencias de “guarimba”, como el gobierno llama a la violencia que se produce en el marco de protestas opositoras cuya represión ya dejó más de 100 muertos desde el pasado 1 de abril.
La funcionaria llamó además a superar esa “lógica de ejército de ocupación”, haciendo un paralelismo entre los operativos de la Contraloría -que vigila la conducta de los funcionarios públicos- y los violentos allanamientos de las fuerzas de seguridad en zonas residenciales.
Ortega aclaró, no obstante, que su despacho está abierto a que se “revisen todas las cuentas”, siempre que se haga con “respeto”.
