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ASUNCIÓN.- Cuatro destituciones en la Cámara de Senadores marca el fin del período legislativo 2018-2019. El récord de pérdida de investidura llega con sucesivas presiones mediáticas por parte de holding de medios representados por el grupo Abc y Vierci, a los que se sumaron los escraches selectivos.

Escraches selectivos y furibundas campañas mediáticas en contra de congresistas, llevados a cabo por los grupos de comunicación del clan Zuccolillo, por un lado, y el de A.J Vierci, por el otro, también marcan al actual periodo parlamentario 2018-2019.

Las acusaciones de procesos de dudosa legalidad (en los cuatro casos no existieron condenas judiciales, tal como reza las causales de pérdida de investiduras) y si, de ataques mediáticos constantes, trajeron consigo la idea sostenida por los acusados, de que el Parlamento en gran medida acciona políticamente para los grandes grupos mediáticos.

6 de agosto de 2018. El diputado José María Ibáñez presentó su renuncia como legislador. Lo hizo tras una serie de escraches y furibundas publicaciones sobre el caso de sus caseros que figuraban como funcionarios de diputados. “Esta decisión se debe a que, luego de una serena reflexión con los líderes de diversas bancadas y colegas de distintos sectores políticos, hemos llegado a la conclusión (de) que la paz de la República y la convivencia pacífica de nuestro pueblo están por encima de cualquier propósito y merecen todo tipo de renunciamiento”, decía su carta de renuncia.

31 de agosto de 2018. El senador Oscar González Daher pierde su investidura. Fue tras un proceso mediático que se ejerció sobre unos audios en lo que el mismo se vio comprometido manipulando supuestos acuerdos en torno a sentencias judiciales.

3 de setiembre de 2018. El senador Jorge Oviedo Matto renuncia a su cargo de legislador. Al igual que González Daher fue implicado en supuesta manipulación de medidas judiciales.

6 de junio de 2019, con 31 votos a favor el Senado destituye al senador liberal Dionisio Amarilla, Una grabación en la que aparece junto a la empresaria María Luz Peña y el periodista Juan Carlos Lezcano, en la que el tema es un intento de frenar publicaciones sobre negociados en IPS, fue el detonante del juicio parlamentario que echó al congresista del PLRA.