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ASUNCIÓN.- Funcionarios públicos y empleados privados tienen acceso a la seguridad social, que es la única que debe proveer el Estado. Que el Tesoro deba pagar millones de guaraníes en seguros privados para los funcionarios de las cámaras del Congreso es un grosero privilegio que no debe seguir siendo permitido.
Otra vez está en el tapete el tema del seguro médico privado para los funcionarios de las cámaras del Congreso, incluyendo a los mismos legisladores. Aunque de lo que se habla es de lo que ocurre en Diputados, lo cierto es que esto afecta también al Senado.
Lo cierto es que el Estado, anualmente, debe desembolsar millones de guaraníes en concepto de seguro médico de los funcionarios, cuando que el resto de la población –que está asegurado- debe conformarse con los servicios del Instituto de Previsión Social o pagar de su bolsillo un seguro privado. Hacemos la salvedad porque es aún mucho mayor el porcentaje de paraguayos que no tienen ninguna protección médica (ni IPS), y deben deambular por los hospitales públicos buscando alguna atención, o morir en el intento por no conseguirla.
Solamente en el caso de Diputados, 1.220 funcionarios (incluidos los legisladores, como ya dijimos más arriba) serán beneficiados por un seguro médico privado que tendrá una cobertura de primer nivel, puesto que le costará al Estado la suma de 1.300.000 guaraníes por funcionario, por mes.
Esto significa que cada funcionario de la Cámara Baja tendrá una cobertura anual por 15.600.000 guaraníes, algo impensable para el ciudadano común, que debe juntar monedas para tener algún derecho a una atención médica más o menos aceptable. Y ni hablar de quienes no tienen la más mínima posibilidad de acceder a ella.
Es cierto que este no es un problema solamente del Legislativo, puesto que en todos los entes públicos están los altos funcionarios cuyos seguros médicos son cubiertos por las arcas públicas. Y eso también es absurdo. La Seguridad Social existe justamente para que el Estado cubra las necesidades de salud de la población (aunque en el caso del sector privado, los mismos empleados pagan un alto porcentaje por ella, pero igual resulta mucho menos dinero que un seguro privado).
Cualquier persona que no se sienta satisfecha con el servicio que recibe del IPS puede tener un seguro privado, pero pagado de su bolsillo. Y esto debe regir también para los legisladores y quienes trabajan para ellos.
