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VILLARRICA, Dpto. de Guairá.- El Ministerio de Hacienda inició ayer el proceso de desembolso a la Gobernación de Guairá y urgió a la Justicia definir de una vez por todas quién es verdaderamente el gobernador de este departamento. Tanto Rodolfo Friedmann, quien había renunciado al cargo, como Óscar Chávez, confirmado por la Justicia Electoral como jefe regional, no pueden tocar el dinero que está depositado en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, mientras no se resuelva la crisis. Mientras se espera, Friedmann se atrinchera en la sede regional y Chávez abrió una oficina paralela donde inició su gestión. Ahora está en mano de la Justicia decidir la cuestión para que los proveedores y funcionarios puedan cobrar sus haberes.
El Ministerio de Hacienda busca dar una solución definitiva al conflicto generado en torno a la transferencia de recursos a la Gobernación del IV departamento. En ese sentido, solicitó al Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Noveno Turno, cargo de la Juez Claudia Jacqueline Domínguez Florentín, la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF), para que la autoridad jurisdiccional competente identifique al responsable de la administración de dichos recursos.
Mientras Oscar Chávez, ratificado en el cargo de gobernador por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), porque cuando Friedmann renunció al cargo fue nombrado como tal por la Junta departamental, comenzó a instalar una “oficina paralela” de la Gobernación de Guairá, desde donde estaría ejerciendo el cargo de jefe regional. El local está ubicado a 200 metros de la sede gubernamental, sobre las calles Estigarribia esquina Coronel Bogado del microcentro de Villarrica. El edificio donde funcionaría esta dependencia es propiedad del diputado oficialista Fernando Ortellado.
Por su parte, el abogado Juan Ernesto Villamayor, representante legal de Rodolfo Friedmann cuestionó la actuación que ha tenido hasta el momento el Ministerio de Hacienda en la crisis por la falta de pago de salarios a los funcionarios de la Gobernación de Guairá.
Indicó que al haberse negado al pago, la ministra Lea Giménez se enfrenta a la posibilidad de ser procesada en el ámbito penal, entonces recurrió a una argucia que es propia del derecho privado y no del público, haciendo alusión al depósito del dinero en una cuenta bancaria.
Villamayor sostuvo que evidentemente Lea Giménez de derecho público y de Hacienda sabe poco, y los abogados del Tesoro que la acompañan mucho menos.
Cuestionó la decisión del Ministerio de Hacienda y dijo que correspondía hacer una transferencia directa a la Gobernación de Guairá. “La obligación de Hacienda es transferir el dinero y no depositarlo en una cuenta para que cada uno se arregle”, acotó.
