ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN.- La discrecionalidad en el uso de fondos públicos en tiempos de emergencia y la asistencia muchas veces teñida de clientelismo son características históricas de la forma de actuar los organismos del Estado que deben dar asistencia a las víctimas de las lluvias, que en este momento se encuentran en una situación más que desesperante.
No hay peor crimen que lucrar con las necesidades de la gente, y, lamentablemente, esta es una costumbre que suelen tener los funcionarios de organismos del Estado que tienen como objetivo principal prestar asistencia a los sectores más carenciados.
Una vez más, y quizás ahora con mucha más evidencia, debido a la inusual furia de la naturaleza, mientras miles de familias pasan a engrosar las filas de los damnificados en todo el país, casi todas del estrato más pobre, abundan las denuncias de irregularidades de los encargados de hacer llegar la ayuda del Estado a estos ciudadanos.
Chapas, artículos de primera necesidad y comida que deben llegar a paraguayos que se encuentran, en muchos casos, totalmente aislados debido a la crecida de los ríos, en algunas ocasiones son vendidos a terceros, con lo que los funcionarios consiguen grandes ganancias. De lo contrario, se prioriza la asistencia a damnificados que pertenecen al mismo sector político del gobierno, lo que demuestran una miserable actitud clientelista de quienes tienen en sus manos la posibilidad de paliar, aunque sea de manera mínima, las acuciantes necesidades de compatriotas que están en el límite, peleando por su supervivencia.
Muchas veces, para colmo, esta crítica situación que hoy enfrentamos los pobladores de todos los distritos del país es fruto de la inoperancia y la inacción de las autoridades, como el caso de un barrio de Limpio, en donde unas 700 familias quedaron bajo agua debido a un trabajo mal hecho de los responsables municipales, que fueron incapaces de remover la estructura de un viejo puente antes de construir otro, por lo que las aguas se acumulan y provocan el desborde de los arroyos.
O como lo que ocurre en Asunción, en donde el intendente Mario Ferreiro dispone de 32 mil millones de guaraníes para desagües cloacales y no los ejecutó. O la situación de Pilar, en estado de emergencia, cuya solución sería la defensa costera pero el proyecto duerme en el Congreso sin que ningún legislador haya mostrado alguna prisa por sancionar la ley, a tal punto que ayer el presidente Mario Abdo Benítez pidió socorro a los legisladores.
