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Inaceptable pretensión de la Corte cuestiona titular de los abogados

Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay
Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay

ASUNCIÓN.- La acción de inconstitucionalidad presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para impedir la rendición de cuentas de los ministros de esta instancia tribunalicia, le pareció “un duro golpe a la credibilidad de la Corte y daña su imagen ante la ciudadanía”, según Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.

Las posiciones del gremio son sin embargo erráticas. Antes se pusieron a los pies del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuya credibilidad está por el suelo.

El profesional es el mismo que hace menos de una semana justificó las amenazas del senador Eduardo Petta a los fiscales que investigan al fiscal general con permiso, Javier Díaz Verón. El congresista lo hizo en su carácter de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Galeano no encontró a más de media hora de entrevista indicios de coacción que sí acusaron muchos de sus colegas.

El profesional agregó que la acción presentada por los miembros de la Corte “es un contrasentido y este tipo de acciones desalientan a la ciudadanía”.

Pide el abogado Galeano –a diferencia de lo perpetrado por Petta- que “se investigue la situación porque puede ser causal de un juicio político. El daño sobre todo a la transparencia del Poder Judicial está hecho”. Nunca vio el daño que estaba causando Petta a la imagen a la figura del miembro del JEM.

BLINDAJE A LA IMPUNIDAD

 El doctor Osvaldo Granada Sallaberry la tiene clara y asume que la acción de inconstitucionalidad presentada por miembros de la Corte Suprema de Justicia, para evitar dar a conocer las declaraciones juradas de sus bienes, “es una muestra más que estamos ante un engranaje totalmente corroído y no nos queda otra que sentarnos a aplaudir”.

“Ellos, los miembros de la máxima instancia judicial, al hacer lugar a esa acción se convierten  en jueces de sus propios intereses”, señaló y aseguró que eso es irregular.

Granada Sallaberry añadió que “la corrupción en ese poder del Estado está lejos de acabar y que los ministros si nada tienen que ocultar, deberían ser los primeros en poner a disposición su declaración de bienes, sin secretos”, sentenció.

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