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ASUNCIÓN.- No hay ninguna posibilidad de que la bancada efrainista de la Cámara de Diputados consiga la mayoría necesaria para aprobar el libelo acusatorio en contra de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez e iniciar su juicio político. Esto lo saben muy bien los esbirros de Efraín Alegre, a pesar de lo cual utilizan el tema como un recurso electoralista.
Para que Diputados apruebe el juicio político a la fiscal general, en primer lugar, la sesión debe tener quórum, y después se deberá conseguir que los 2 tercios de los presentes aprueben el proyecto de libelo acusatorio.
No es la primera vez que el efrainismo utiliza la figura del juicio político como un chake para presionar a alguien, aunque sin ninguna consecuencia puesto que, hasta hoy, una y otra vez, su intención fue desechada sin mayores trámites por la mayoría de la cámara.
Como ya viene siendo costumbre en Alegre, siempre busca superarse a sí mismo y jamás antes se llegó al absurdo de pretender enjuiciar por mal desempeño en sus funciones a alguien que no lleva ni 15 días en el cargo. Porque eso es exactamente lo que ocurre con Quiñónez, quien, aún antes de jurar como fiscal general del Estado ya tuvo que soportar que Alegre amenazara, primero con convocar a una Constituyente para echarla del cargo, y luego de que sus asesores le explicaran que la convención sería para modificar la Constitución y no para echar al fiscal general del Estado, decidió ordenar a los cada vez más pocos diputados leales, que iniciaran el proceso para su juicio político.
Lo que da pena es ver a legisladores como Jorge Ávalos Mariño, con bastante conocimiento de la legislación, intentar un esbozo de justificación de por qué se planteará el juicio político a alguien que ni siquiera tuvo tiempo aún de caer en mal desempeño en sus funciones.
Dicen que se la juzgará por la forma como el Consejo de la Magistratura conformó la terna de candidatos a la Fiscalía, y porque fue escogida por el presidente de la República. Sin entrar a juzgar alguna de estas acciones, ninguna fue cometida por Quiñónez, así que, en realidad, se pretende juzgarla por algo que hicieron otros estamentos. Menos mal que el proyecto no tendrá mayoría, porque de lo contrario se estaría dando rango institucional al disparate.
