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ASUNCIÓN.- Gran Asunción no sentiría con tanta vehemencia los empates de los raudales y las inundaciones que se forman tras cada lluvia, si destinará 70 metros cúbicos de espacios verdes, por cada hectárea que tiene su territorio.Así lo sostiene el Juan Carlos Bertoni, experto argentino en Recursos Hídricos y Coordinador del Grupo Aguas Urbanas- Programa Hidrológico Internacional PHI, durante la realización del ciclo de talleres de actualización en Hidrología, Hidráulica y Percepción Remota, para la gestión territorial en Drenaje Pluvial, Manejo y Gestión de Inundaciones Urbanas.
Según el técnico argentino, existen dos tipos de soluciones: la preventiva y la correctiva. La primera consiste en establecer que las zonas que van a ser urbanizadas cuenten con la infraestructura –sistemas fluviales, cañerías, etc. –, antes de ser poblada.
A su criterio, una de estas medidas correctivas del efecto de raudales e inundaciones, es justamente la creación de lagunas artificiales en las zonas de los cauces hídricos que atraviesan la ciudad. Explicó que una laguna es una zona permeable que evita que el agua se desborde y en este sentido había señalado que un buen ejemplo existe en la Ciudad de Fernando de la Mora.
Gran Asunción prácticamente se detiene cuando llueve: hay raudales, embotellamientos, inundaciones, caos vehicular y es imposible caminar por las veredas sin terminar totalmente empapado.
Según dijo, la segunda solución se aplicaría a las ciudades que ya existen, pero que no cuentan con la infraestructura necesaria. En estos casos, se aplicaría el método de garantizar mediante ordenanza, que cada ciudad cuente con los 70 metros cúbicos de espacios permeables por cada hectárea. Este tipo de medidas deben ser implementadas con celeridad. En la actualidad, un sistema correctivo cuesta US$ 80.000 por cada hectárea; mientras que en el sistema preventivo cuesta alrededor de US$ 29.000, o sea: 2,7 veces más barato.
El taller se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, ubicado en el campus universitario de la ciudad de San Lorenzo, con la presencia de representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del MOPC.
