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Varios son los motivos que llevaron al presidente Horacio Cartes a vetar la ley de rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar, es decir, la condonación de la deuda de los campesinos. Entre los principales están que no contempla fuente de financiación, además, no está determinado si es para el sector agrícola o para el privado; su ejecución obligará a recortar programas sociales y representaría el 25% del presupuesto del año. El Ejecutivo recibió unánime apoyo del sector empresarial, además de la adhesión de gremios de trabajadores, economistas y políticos. La ciudadanía igualmente celebró la decisión presidencial a través de las redes sociales y en las calles con “bocinazos” y otros tipos de manifestaciones pro-veto.
ASUNCIÓN.- “No podemos postergar el bien de todos los paraguayos privilegiando a unos cuantos ni usar la necesidad de la gente como instrumento proselitista. Entendí claramente que ponerla en ejecución condenaría el futuro económico de nuestro país. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar al Paraguay”, decía el presidente Cartes al anunciar el veto de la ley aprobada en ambas cámaras.
Advirtió entre otras cosas que el costo de la mencionada normativa puede superar los USD 3.200 millones, es decir, representaría el 25% del PGN del año.
“El Paraguay debe estar siempre por encima de los intereses personales, sectoriales y electorales, y es por eso que he decidido vetar esta ley y devolverla al Congreso Nacional”, había dicho el jefe de Estado.
A partir de allí, los gremios empresariales y la ciudadanía en general salieron a celebrar la decisión, otorgando su respaldo al mandatario.
Beltrán Macchi, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), dijo que felicitaban la “decisión valiente del Poder Ejecutivo, que es el veto a la ley, porque se hizo en un momento político complicado y a pesar de las consecuencias que podría ocasionar al oficialismo”.
Macchi estaba acompañado de unos 70 representantes de gremios empresariales, tales como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (CERNECO) y varios otros.
Solicitó a la ciudadanía y, en especial a los parlamentarios, a apoyar y respetar la decisión del Poder Ejecutivo.
José Berea, titular de CAPECO, dijo por su parte que apoya la determinación del Ejecutivo de vetar la ley de condonación, que equivaldría a firmar un cheque en blanco que comprometería la economía del país.
“El camino debe ser la refinanciación de los compromisos contraídos por los pequeños productores de la agricultura familiar campesino y no la condonación”, destacó.
LOS PRINCIPALES MOTIVOS DEL RECHAZO A LA LEY
-No contempla fuente de financiación.
-No se presentó lista de beneficiarios.
-No existe monto total del pedido.
-No determina si es para el sector agrícola o para el privado.
-Su aplicación obligará a recortar programas sociales (subsidio a adultos mayores, Tekoporã, entre otros.
-Representa el 25% del presupuesto anual.
-Beneficiarios quedarían descalificados para próximos créditos.
-Ley no tiene fecha de vencimiento. Puede ser utilizada en reiteradas veces.
