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ASUNCIÓN. La ley de trazabilidad de dinero para financiar campañas políticas deberá esperar al año 2023, pues sus principales promotores tiraron la toalla en cuanto a plazos para su estudio, definición y aplicación. La diputada Rocío Vallejos, una de las impulsoras, señaló que con el conteo de quienes quieren apurar la aplicación y los que piden dilatarla, estos últimos llevan las de ganar.

“Es un hecho que ya no se podrá tratar para que entre en vigencia a partir de las elecciones municipales, lastimosamente veremos de nuevo costosas campañas cuyos fondos nadie sabrá de donde proviene, pero esperaremos para el 2023”, dijo la legisladora a periodistas en el Congreso.

La misma indicó que no obstante, implicarán de forma directa a instituciones y a legisladores, para delinear una legislación que para esa compulsa general, tenga una amplitud suficiente para abortar el dinero sucio de partidos e individuos que aspiran a cargos electivos.

Vallejo resaltó que entes como Seprelad, Contraloría, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia Electoral y otros, tendrán activa participación para diagramar con el Congreso, una legislación de avanzada.