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Luz verde a emergencia por crecidas podría dar lugar a malversaciones

Distribución de víveres en Tte. Irala, departamento de Pdte. Hayes.

La declaración de emergencia por parte del Congreso Nacional, a raíz de las inundaciones causadas por la crecida del río Paraguay en varios departamentos, podría dar luz verde a malversación de dinero destinado para los inundados. En ese sentido, la Cámara de Diputados pidió a la Gobernación de Ñeembucú -que recibirá G. 7.500.000.000-, remitir un informe cada tres meses. Reportes de la SEN, indician que alrededor de 62.000 familias fueron afectadas por las riadas a nivel país.

ASUNCIÓN.- De acuerdo al proyecto de ley aprobado por mayoría en el Senado, la semana pasada, se amplía el presupuesto asignado a la Gobernación del departamento de Ñeembucú en unos G. 7.500 millones, que deberán ser financiados con los recursos del Tesoro. El texto pasó al Ejecutivo para su promulgación.

El documento establece que de esta cifra, unos G. 100 millones serán destinados a jornales, G. 1.000 millones para la compra de combustibles y lubricantes, G. 3.500 millones para compra de maquinarias, G. 1.900 para entidades sociales y G. 1.000 millones para construcciones.

Igualmente, la Cámara de Diputados había aprobado una ampliación presupuestaria de G. 5.000.000.000 a la Gobernación de Misiones, de manera a atender a 8 distritos del departamento, afectados por desbordes de causes hídricos en la zona.

En tanto, Alto Paraguay y Pdte. Hayes fueron declarados en estado de emergencia por los mismos motivos. En ambos casos fueron acompañados con incrementos presupuestarios de G. 7.000.000.000 y G. 3.000.000.000, respectivamente.

La Cámara Baja también declaró en emergencia a los departamentos de Central, Misiones, Itapúa, Guairá, San Pedro y a la capital del país, Asunción. Se estableció, igualmente, una ampliación presupuestaria para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), de manera a asistir a los pobladores de dichos departamentos, afectados por las anegaciones.

En todos los casos, la medida rige por el plazo de 90 días. Ante el temor de posibles malversaciones de los fondos que deben ser destinados en la asistencia de las familias damnificadas, los congresistas coincidieron en la necesidad de transparentar la utilización de recursos y remitir a Diputados, la rendición de cuentas sobre el manejo de recursos. La Gobernación de Ñeembucú deberá hacerlo cada 3 meses, según fue aprobado en el pleno.

Con la declaración de emergencia a estos departamentos, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) podrá agilizar la entrega de ayuda humanitaria para las poblaciones damnificadas, en un trabajo conjunto con los ministerios, entidades descentralizadas, entes autónomos y autárquicos.

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