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ASUNCIÓN.- El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, protestó contra “los medios de Cartes”, porque se siente perseguido y asegura que está haciendo bien las cosas. Pero, contradictoriamente formó una comisión para auditar “los dos últimos meses de Petropar y… los 5 años del gobierno de Cartes”, o sea, para dilatar el esclarecimiento de los hechos, apañar los chanchullos presentes y tirarle el fardo a la anterior administración. Su aliada, Desirée Masi, propuso a Carlos Arregui como una suerte de auditor. La senadora del PDP lo niega, Juan Ernesto Villamayor también, pero está de por medio aquella histórica frase: “asumí un pacto con Desirée y no lo voy a romper”.
Marito se despacha contra “los medios de Cartes” y garantiza que existe transparencia en su administración.
Después de la irritación presidencial, porque la prensa publica irregularidades de funcionarios de su primer anillo, informó: “solicité al concejal de Asunción, Carlos Arregui, que pida permiso a su condición de edil para que lidere, desde el Ejecutivo, un análisis de las empresas del Estado, de ambos gobiernos (el suyo y el de Cartes)”.
Destacó: “Mi compromiso es con la transparencia y no vamos a parar hasta lograrlo” y justificó que conversó con Arregui “porque es una persona reconocida por su lucha anticorrupción, que lidere un equipo que analice y audite lo actuado en Petropar, no solo los últimos cinco años, sino estos dos meses de gestión”.
Estas declaraciones de Abdo Benítez indican que su búsqueda es, más que nada, de irregularidades en el quinquenio anterior, y no tanto en los dos meses de tropiezos de Patricia Samudio.
Durante la conversación de ayer con los medios, Abdo Benítez eludió referirse a las denunciadas irregularidades en Petropar y, por lo tanto, no tomará ninguna medida contra la titular de la petrolera.
El jefe de Estado cae en varias contradicciones. Por un lado, desacredita las publicaciones de los medios del Grupo Nación; pero por el otro, se ve obligado a investigar lo denunciado. En otras palabras, tirotea al mensajero y abriga impunidad al funcionario que comete las irregularidades publicadas.
PETROPAR SERÁ LA PRIMERA
Carlos Arregui sigue atado a la concejalía de Asunción, pero cuando se libere iniciará la auditoría ordenada por el presidente Mario Abdo Benítez. En conversaciones con los medios, Arregui explicó que “Petropar será la primera en ser puesta bajo lupa” y aseguró que esto ocurrirá a partir del miércoles cuando deje su banca en la Junta Municipal.
La petrolera estatal actualmente está en la mira por numerosas irregularidades por la venta de combustibles a los “amigos” del presidente (el contratante) y la adquisición de gas a un elevado precio en el mercado interno. Además, el posible desvío de dinero hacia bancos privados con fines aún no aclarados.
El jefe de Estado integra una comisión investigadora de las empresas del Estado, y propuso al dirigente del Partido Democrático Popular (PDP) de Desirée Masi que encabece el equipo. Según el concejal, esto lo conversó el fin de semana con el presidente Abdo Benítez.
El hombre de confianza de la senadora Masi tendrá a su cargo la auditoría, “principalmente la gestión de estas mismas empresas durante el gobierno de Cartes” y además, los dos primeros meses del gobierno actual, según el jefe de Estado.
LA MEDIDA INVALIDA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
El anuncio del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de contratar a Carlos Arregui, concejal de Asunción y exfiscal, para una auditoría de las empresas del Estado se puede considerar como una bofetada a los organismos de control ya instituidos y en pleno funcionamiento. Además de plantear dudas en los funcionarios que él mismo nombró, como es el caso del Procurador General de la República y de los responsables de la Dirección de Auditoría del Poder Ejecutivo.
El Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas, organismos de control del Congreso, además de los mencionados anteriormente fueron eliminados de un plumazo por el mandatario.
Ya en su momento, Abdo Benítez rechazó el nombramiento de Sandra Quiñonez como titular del Ministerio Público.
El entonces precandidato a presidente de la República, Abdo Benítez, afirmó que el Movimiento Colorado Añetete rechazaba categóricamente la elección de Sandra Quiñonez como Fiscal General del Estado. Se vio obligado a aceptar porque necesitaba el apoyo de Honor Colorado.
Este gesto explica de alguna manera su intención de crear organismos de control a la medida de sus intereses.
